La reciente administración de Javier Milei ha tomado decisiones que van más allá de simples recortes presupuestarios; se trata de medidas políticas que reflejan una ideología cruel y excluyente. La eliminación de 13 programas que protegían a mujeres, minorías de género y familias de víctimas de femicidio no es solo un ajuste fiscal, es un acto de abandono que deja a muchos a la deriva. Cuando una mujer es asesinada, la ruptura en su familia es irreversible, y el Estado no puede devolver esa vida, pero sí puede y debe estar presente para apoyar a aquellos que quedan atrás, enfrentar su dolor y reconstruir sus vidas.
El impacto de la eliminación de programas de apoyo
En el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, siempre se buscó estar presente para brindar apoyo a las víctimas y sus familias. Se implementaron herramientas prácticas para asegurar que nadie quedara desamparado. Pero, ¿qué sucede ahora que se están desmantelando estas políticas? La respuesta es clara: se está creando un vacío que no solo afecta a las mujeres, sino también a las comunidades enteras. El gobierno no está cortando gastos por necesidad económica, sino que está tomando decisiones políticas que buscan desmantelar cualquier vestigio de justicia social.
La irracionalidad de las decisiones políticas
Es inquietante pensar que se han eliminado programas que ofrecían apoyo a abuelas que criaban a sus nietos huérfanos, así como el apoyo psicológico para hermanas que presenciaron el asesinato de sus familiares. Además, se han cerrado refugios para mujeres que huyen de la violencia, dejándolas sin lugar donde ir. ¿Qué clase de gobierno decide apretar el cinturón sobre las víctimas? ¿Dónde queda la compasión en un sistema que se supone debe proteger a los más vulnerables? También se han eliminado políticas de inclusión para personas trans y programas de capacitación para prevenir la violencia de género. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿por qué?
Más que un recorte, una ideología
Lo que estamos presenciando es una ideología profundamente perversa que se manifiesta a través de decisiones que afectan a las personas más necesitadas. Se desmantelan políticas de cuidado porque no pueden tolerar la idea de un Estado que abrace y proteja los derechos de todos. Esta estrategia de odio se utiliza como una cortina de humo para justificar la indiferencia hacia quienes luchan por sobrevivir. Recuerdo cuando algunos de estos programas fueron implementados y cómo cambiaron la vida de tantas personas. ¿Quién se encargará de explicar a una niña por qué el Estado ya no la protege? Estas son preguntas que no pueden quedar sin respuesta.
La voz de la resistencia
Como exministra de Mujeres, Género y Diversidad, siento la necesidad de alzar mi voz en contra de esta violación institucional de derechos. Esto no es gobernanza, es violencia institucional. No se trata de austeridad, sino de un castigo para quienes luchan por vivir sin miedo. La igualdad no es negociable, y los derechos no deben ser recortados. No permitiremos que se deshagan los logros que con tanto esfuerzo hemos conseguido. La lucha por un mundo más justo continúa, y es crucial que todos estemos atentos a estas decisiones que, aunque parecen lejanas, afectan a nuestros vecinos, amigos y familias.
Estamos en un momento crítico, uno que demandará que cada uno de nosotros se involucre y defienda lo que es justo. La historia nos recuerda que el silencio ante la injusticia es complicidad. Por lo tanto, levantemos la voz y defendamos los derechos de todos, especialmente de aquellos que más lo necesitan.
