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La situación actual de los tribunales orales en Argentina
Los tribunales orales en Argentina enfrentan una crisis significativa que afecta la administración de justicia. Con un total de ocho tribunales orales federales, solo cuatro de ellos cuentan con sus tres jueces titulares, mientras que el resto tiene varios puestos vacantes.
Esta falta de personal no solo retrasa los juicios, sino que también genera un ambiente de incertidumbre en torno a casos de alta relevancia, especialmente aquellos relacionados con la corrupción.
El impacto de las vacantes en los juicios por corrupción
La situación se vuelve aún más crítica cuando se considera que más de veinte causas de corrupción, que involucran a ex funcionarios kirchneristas, están pendientes de juicio. A pesar de que estas causas han sido elevadas a juicio oral, la falta de jueces ha llevado a que no se establezcan fechas para los debates.
Esto significa que los casos, que ya han pasado por una investigación exhaustiva, siguen en un limbo judicial, lo que perjudica tanto a las víctimas como a los acusados.
Las estadísticas que alarman
Las estadísticas son desalentadoras: de las 1.630 causas de corrupción en la justicia federal, solo el 17,3% ha sido elevado a juicio oral.
Esto plantea serias dudas sobre la eficacia del sistema judicial argentino. La demora en los juicios puede extenderse de diez a catorce años, lo que plantea un desafío monumental para la credibilidad de la justicia. La situación se agrava aún más con la falta de acción por parte del Gobierno, que no ha designado nuevos jueces a pesar de las ternas enviadas por el Consejo de la Magistratura.
La necesidad de una reforma judicial
Es evidente que se requiere una reforma judicial urgente para abordar esta crisis. La administración de justicia no puede depender de la buena voluntad política; es necesario que se tomen medidas concretas para cubrir las vacantes en los tribunales orales. La falta de jueces no solo afecta la rapidez de los juicios, sino que también pone en riesgo la integridad del sistema judicial en su conjunto. La sociedad argentina merece un sistema judicial que funcione de manera eficiente y que garantice el acceso a la justicia para todos.
