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Un fallo que resuena en la historia
El 13 de octubre de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia que podría cambiar el rumbo de las comunidades quilombolas en Brasil. Este caso, que involucra la responsabilidad del Estado brasileño por violaciones a los derechos de estas comunidades, se centra en la remoción forzada de familias de la región de Alcântara, en Maranhão, debido a la construcción del Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), una base de lanzamiento de cohetes de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB).
Un conflicto de décadas
La historia de este conflicto se remonta a 1983, cuando se inauguró el CLA. Desde entonces, las comunidades quilombolas han denunciado la falta de consulta y el despojo de sus tierras. En 2001, la situación fue llevada a la atención de la justicia por organizaciones como Justicia Global y la Defensoría Pública de la Unión, quienes argumentaron que el Estado había fallado en proteger los derechos territoriales de estas comunidades.
Este es el primer caso en el que el Estado brasileño es juzgado por violaciones a los derechos de las comunidades quilombolas, lo que lo convierte en un precedente importante.
Reconocimiento y disculpas
Durante las audiencias realizadas en abril de 2023, el gobierno brasileño reconoció las fallas en el proceso de titulación de tierras y la falta de protección judicial efectiva.
El abogado general de la Unión, Jorge Messias, ofreció un pedido público de disculpas a las comunidades afectadas, un gesto que, aunque simbólico, representa un paso hacia la reconciliación. Además, se anunció la formación de un grupo de trabajo para analizar la situación de las comunidades en la región, lo que podría abrir nuevas vías para la reivindicación de sus derechos.
La lucha por la titulación territorial
A pesar de los avances, las comunidades quilombolas continúan exigiendo la titulación de sus territorios, así como indemnizaciones por los daños sufridos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había señalado en 2020 que el Estado brasileño había afectado el patrimonio colectivo de 152 comunidades quilombolas.
La falta de títulos de propiedad y la instalación de la base aeroespacial sin el debido consentimiento son solo algunas de las violaciones que han sufrido. Este fallo de la Corte IDH es un rayo de esperanza en su lucha por la justicia y el reconocimiento de sus derechos.
