El reciente anuncio del gobierno argentino sobre el uso de un terreno de 5,000 metros cuadrados de la ex-ESMA para oficinas administrativas del Poder Judicial ha desatado una oleada de críticas. La diputada Victoria Montenegro, destacada defensora de los derechos humanos, ha calificado esta decisión como una «provocación» que atenta contra la memoria histórica de un lugar que simboliza el dolor y la lucha de muchos argentinos durante la dictadura militar.
El trasfondo de la ex-ESMA
La ex-ESMA, conocida como uno de los centros de detención clandestina más infames durante la dictadura argentina entre 1976 y 1983, se ha convertido en un símbolo de la lucha por la verdad y la justicia. Desde su declaración como monumento histórico en 2004 y su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2023, este lugar se ha transformado en un espacio de memoria, donde se recuerda a las víctimas de la represión estatal. Su uso para fines administrativos genera un profundo malestar entre quienes consideran que su esencia y su significado están siendo menospreciados.
Defensa del gobierno
El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió la medida argumentando que se trata de una reestructuración necesaria para optimizar recursos y combatir el crimen. Sin embargo, estas declaraciones han sido recibidas con escepticismo. Montenegro enfatiza que la ex-ESMA no debería ser utilizada para funciones que desdibujan su carácter, afirmando que es impensable que un sitio de tal carga histórica se convierta en un espacio operativo para la justicia.
La posición de Victoria Montenegro
Montenegro ha sido clara en su postura: la ex-ESMA no puede ser vista como un mero espacio físico que se puede reconfigurar para distintos usos. Según ella, el uso de estas instalaciones para el funcionamiento del Ministerio de Justicia es una falta de respeto hacia aquellos que sufrieron en ese lugar. En una comparación impactante, preguntó: «¿Podrían imaginar que se propusiera poner una oficina en un memorial del Holocausto?». Su indignación refleja el sentir de muchos defensores de los derechos humanos que consideran que esta decisión es parte de un ataque sistemático a las políticas de memoria, verdad y justicia.
Impacto en la memoria colectiva
La decisión de ubicar oficinas judiciales en la ex-ESMA no solo plantea cuestiones logísticas, sino que también tiene implicaciones profundas en la memoria colectiva del país. La legisladora destacó que la ex-ESMA debe ser preservada como un sitio de memoria que sirva como evidencia en juicios por crímenes de lesa humanidad. La reubicación de las oficinas podría afectar la conservación de los edificios que aún son relevantes para los procesos judiciales en curso, lo que es especialmente preocupante dado el contexto histórico del lugar.
Reacciones y posibles acciones legales
Montenegro, quien preside la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad, anunció que se están considerando acciones legales para detener este desplazamiento. Organizaciones de derechos humanos y sobrevivientes de la ex-ESMA están dispuestos a presentar demandas con el fin de proteger el sitio y su memoria. La situación se complica con el hecho de que el Banco Nacional de Datos Genéticos, encargado de ayudar a las personas a descubrir sus identidades, también enfrenta problemas administrativos, lo que pone en riesgo la búsqueda de las víctimas de la dictadura.
Un cambio necesario
La diputada concluye que lo que se está haciendo no es solo un cambio de uso del terreno, sino un intento deliberado de borrar las historias de lucha y resistencia que han definido a Argentina en las últimas décadas. Esta medida forma parte de un patrón más amplio que busca trivializar el pasado y minimizar el impacto de las políticas de derechos humanos. La comunidad debe mantenerse alerta ante estos movimientos que pueden desdibujar la historia y el futuro del país.
