La tarifa de Itaipu: un tema candente
La negociación sobre la tarifa de Itaipu entre Brasil y Paraguay ha sido un tema recurrente en los últimos años, especialmente tras la reciente emisión del decreto nº 12.390/2025. Este decreto ha reavivado el debate sobre cómo se distribuyen los costos y beneficios de la energía generada por la represa. Desde 2023, se esperaba que la tarifa de Itaipu disminuyera significativamente, dado que se había terminado de amortizar la deuda de construcción. Sin embargo, la realidad ha sido muy diferente.
Las decisiones gubernamentales y sus efectos
A pesar de las expectativas, los gobiernos de Brasil y Paraguay optaron por mantener tarifas elevadas, justificando la decisión con gastos «socioambientales» que no estaban contemplados en el tratado original. Esto ha llevado a un aumento en las cuentas de luz para los consumidores brasileños, quienes, al final del día, son los que más energía consumen de Itaipu. En 2024, se reportó un «lucro» de aproximadamente 1.5 mil millones de dólares, que se dividiría equitativamente entre ambos países, pero que en la práctica significó un costo adicional para los brasileños.
El efecto del cashback y la percepción pública
Para mitigar el impacto en las cuentas de luz, el gobierno brasileño implementó un sistema de cashback, que devolvería 300 millones de dólares a los consumidores. Sin embargo, este mecanismo ha sido objeto de críticas, ya que muchos consideran que es una solución temporal que no aborda el problema de fondo. Además, se descubrió que el cashback debería haber sido de 420 millones de dólares para mantener las tarifas en niveles aceptables. En lugar de ajustar las tarifas, el gobierno decidió emitir un decreto que permite recuperar 120 millones de dólares de un «bônus de Itaipu», lo que ha generado confusión y descontento entre los ciudadanos.
La política y el interés colectivo
Este escenario no es exclusivo de Itaipu. A menudo, las decisiones políticas parecen favorecer a pequeños grupos en detrimento del bienestar colectivo. La reciente negativa del presidente Lula a ciertos «jabutis» inflacionarios en el Congreso es un ejemplo de cómo a veces se priorizan los intereses generales. Sin embargo, la lucha por un equilibrio entre los intereses individuales y el bien común sigue siendo un desafío constante en la política brasileña.
