El contexto actual de la Corte Suprema
En un clima de incertidumbre política, el Gobierno argentino se enfrenta a un desafío crucial: la designación de nuevos jueces para la Corte Suprema de Justicia. Con la salida de figuras clave como Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, la presión aumenta para llenar estas vacantes. La Casa Rosada ha decidido mantener los pliegos del juez federal Ariel Lijo y del constitucionalista Manuel García-Mansilla, pero el kirchnerismo está decidido a obstaculizar estas nominaciones, buscando reunir los votos necesarios para iniciar el proceso legislativo desde cero.
Las estrategias del Gobierno y la oposición
La estrategia del Gobierno se centra en llevar la discusión al recinto del Senado, donde se espera una sesión convocada por Victoria Villarruel para el 3 de abril. Sin embargo, las negociaciones tras bambalinas son intensas. Se rumorea que el entorno de Javier Milei está en conversaciones con referentes de Unión por la Patria para desbloquear la situación y conseguir los dos tercios necesarios para aprobar las nominaciones. La tensión es palpable, ya que la ruptura del bloque de Unión por la Patria complica aún más el panorama, con senadores que buscan diferenciarse de la postura oficial.
Las presiones internas y el futuro incierto
La situación se complica aún más con la presión interna dentro del peronismo. Gobernadores como Ricardo Quintela y Gildo Insfrán están presionando para que se mantenga la nominación de Lijo, mientras que otros senadores han formado un nuevo bloque llamado “Convicción Federal”, lo que podría alterar el equilibrio de poder en el Senado. La ex presidenta Cristina Kirchner ha dejado claro que su objetivo es voltear los pliegos, lo que añade una capa adicional de complejidad a la situación. Con el tiempo corriendo en contra, el Gobierno debe decidir si retira los pliegos o arriesga una derrota significativa en el Senado.
