Un cambio necesario en la verificación de identidad
La Administración de Seguridad Social (SSA) ha decidido dar un paso atrás en su reciente plan que obligaba a todos los beneficiarios, nuevos y existentes, a presentarse en persona para verificar su identidad. Esta decisión, anunciada el miércoles, responde a las preocupaciones expresadas por la comunidad y los legisladores sobre las dificultades que esto podría causar a las poblaciones más vulnerables. A partir del 14 de abril, aquellos que soliciten beneficios como el Seguro de Discapacidad de Seguridad Social, Medicare o Ingreso de Seguridad Suplementario y que no puedan utilizar el portal en línea de la agencia, podrán completar su reclamación completamente por teléfono.
Impacto en los beneficiarios y la comunidad
Este cambio es crucial, ya que afecta a aproximadamente 72.5 millones de personas, incluyendo jubilados y niños que dependen de estos beneficios. La SSA había anunciado previamente que los solicitantes tendrían que verificar su identidad en persona, lo que generó una gran preocupación entre los defensores de los derechos de los beneficiarios. Lee Dudek, comisionado interino de la SSA, declaró que la agencia está escuchando a sus clientes y ajustando sus políticas para mejorar el servicio al cliente, especialmente para las poblaciones más vulnerables del país.
Reacciones y críticas a la administración
La decisión de la SSA ha sido recibida con alivio por parte de grupos de defensa como AARP, cuyo director de defensa, Nancy LeaMond, comentó que este es un buen primer paso. Sin embargo, también enfatizó que simplemente retrasar la implementación no es suficiente. La SSA debe adoptar un enfoque más deliberado en sus cambios propuestos, buscando la opinión pública y estableciendo un plan de comunicación claro. La controversia en torno a la administración de seguridad social se intensifica, especialmente con la reciente nominación de Frank Bisignano para liderar la SSA, quien ha enfrentado preguntas sobre los esfuerzos del Departamento de Eficiencia del Gobierno para cerrar oficinas y reducir servicios telefónicos.
