En Río Gallegos se abrió el juicio oral que busca determinar responsabilidades por la implosión del ARA San Juan, ocurrido cuando la nave perdió contacto el 15 de noviembre de 2017. El desastre, que costó la vida a 44 tripulantes —43 varones y una mujer—, se convirtió en la peor tragedia naval argentina de décadas y mantiene interrogantes técnicos y administrativos. La audiencia inaugural tuvo lugar el 3 de marzo de 2026 y reunió a fiscales, defensas y a los cuatro exoficiales acusados.
Las familias de las víctimas han mostrado desconfianza y frustración: muchas no asistirán al juicio por limitaciones económicas y por la sensación de que la verdad ha sido parcheada por la cultura de silencio que, según representantes, impera en ciertos sectores de la Armada. A la vez, la fiscalía presentó una postura contundente al calificar el hundimiento como una tragedia previsible, vinculando la responsabilidad no solo a mandos concretos sino también al Estado.
Los acusados y los cargos
Ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz están sentados cuatro exmandos navales: el exjefe de Adiestramiento y Alistamiento Naval Luis Enrique López Mazzeo, el excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide, el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos Héctor Alonso y el exjefe del Departamento de Operaciones Hugo Miguel Correa. Se les imputa, entre otros delitos, incumplimiento de deberes y estrago culposo agravado por el resultado de muerte; las penas previstas oscilan entre uno y cinco años de prisión según la acusación pública.
Teorías técnicas y pruebas
La hipótesis central manejada por la acusación es que una falla de una válvula permitió la entrada de agua al compartimiento de baterías, lo que desencadenó un cortocircuito, un incendio y la posterior implosión. Estas explicaciones técnico-operativas se apoyan en informes, comunicaciones previas de la nave y el material audiovisual registrado por el buque que localizó los restos. Sin embargo, los querellantes advierten que la confirmación definitiva requeriría la recuperación del casco, una operación costosa y compleja que aún no se ha realizado.
Documentos, videos y memoria
Durante el proceso se examinarán fotografías, horas de video y documentación clasificada que la Armada remitió bajo secreto militar. Los abogados de las familias han señalado que quedan por revisar decenas de miles de imágenes y registros, y confían en que la declaración de más de 90 testigos aportará datos que hoy faltan. Para la fiscalía, la acumulación de esas pruebas sostiene la idea de que el hundimiento no fue fortuito sino consecuencia del estado de la unidad y decisiones administrativas previas.
Reacciones de las familias y contexto político
Muchas familias se quejan de que el proceso se realiza lejos de Mar del Plata —donde vivían varios tripulantes—, lo que, según allegados, dificulta la participación y reduce la visibilidad pública. Abogados como Valeria Carreras y Luis Tagliapietra han denunciado que la lejanía y la falta de recursos generan sensación de invisibilidad. Además, la instrucción previa dejó menciones a la gestión del expresidente Mauricio Macri y a espionaje ilegal sobre familiares; esos episodios figuraron en la investigación aunque no implican, hasta ahora, la citación del exmandatario al juicio actual.
Calendario y posibles desenlaces
Las audiencias se desarrollan de lunes a jueves, semanas alternas, y se esperaba un veredicto para julio del mismo año. La defensa advierte que sin la recuperación del submarino será difícil extraer conclusiones técnicas irrefutables, por lo que la causa podría culminar en absoluciones o en sanciones menores; en los tribunales militares previos ya se dictaron sanciones leves por ocultamiento de información.
Balance provisional
Mientras avanza el debate, persiste la tensión entre la necesidad de explicaciones técnicas y la demanda social de responsabilidades políticas y administrativas. Las familias mantienen la promesa de no abandonar la búsqueda de la verdad: para ellas, el proceso no es solo un juicio penal, sino una reparación simbólica frente a una tragedia que consideran evitable y que aún exige respuestas claras sobre decisiones previas, protocolos y transparencia institucional.
