El oral por el hundimiento del ARA San Juan abrió en Río Gallegos con la lectura de la acusación contra cuatro exmandos de la Armada, mientras familiares y querellas esperan que el proceso aporte respuestas sobre una tragedia que dejó 44 víctimas. El caso revive advertencias previas sobre el estado del submarino y choca con la imposibilidad práctica de realizar nuevos peritajes sobre el casco hundido a 900 metros de profundidad.
En la audiencia inicial los fiscales expusieron su teoría: la secuencia de hechos partió de la entrada de agua que afectó las baterías, provocó un cortocircuito y un principio de incendio, con la posterior liberación de hidrógeno y una explosión interna que dejó a la nave incapacitada y condujo a su implosión. Los acusados, en cambio, sostienen que el submarino era apto para navegar y que no existe un informe técnico concluyente que pruebe una negligencia dolosa.
Los imputados y la acusación
Sentados en el banquillo están Luis Enrique López Mazzeo, Claudio Javier Villamide, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa, a quienes se les imputan delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes y estrago culposo agravado. Según la Fiscalía, cada uno tenía responsabilidades específicas en la cadena de mando y decisiones operativas que no evitaron que el buque zarpara con deficiencias conocidas.
Función y reproche por cargo
La acusación atribuye a López Mazzeo la falta de supervisión en normas de resguardo; a Villamide, como excomandante de la Fuerza de Submarinos, la omisión ante pedidos de reparación urgentes; a Alonso, la firma de la orden operativa que envió la nave pese a las limitaciones; y a Correa, la planificación del ejercicio sin garantizar comunicaciones seguras. Para la fiscalía, esas omisiones hicieron previsible el desenlace trágico.
Defensa, peritajes y limitaciones técnicas
Los defensores subrayan que no existe un peritaje mecánico definitivo sobre los restos porque el casco yace a 900 metros y resulta inviable su recuperación, algo que comparan con intentar reflotar objetos de gran profundidad. Claudio Villamide declaró que el submarino cumplía con normas y contaba con equipos y manuales, y reconoció la existencia de reportes de fallas pero sostuvo que ninguna impedía la navegación segura.
El problema de la evidencia física
Para las defensas, la ausencia de un informe técnico directo es crucial: sin poder examinar in situ el casco y sus componentes no se puede determinar con absoluta certeza la cadena causal que derivó en la implosión. El escenario técnico descrito por la Fiscalía —entrada de agua, cortocircuito en la batería, generación de hidrógeno y explosión— se basa en reconstrucciones y estudios, pero la imposibilidad de analizar los restos limita la prueba material.
Familias, querellas y pedidos rechazados
Las familias de las víctimas llegan al debate con expectativas contradictorias. Algunas querellas esperan que el juicio ofrezca clausura; otras, como la representada por Luis Tagliapietra, reclaman nuevas pericias y la cooperación internacional para acceder a evidencia especializada. El pedido de un peritaje adicional que implicara intervenciones sobre el lugar del naufragio fue rechazado, lo que profundiza la sensación de impotencia entre allegados de los 44 tripulantes.
Impacto humano y memoria
Fuera del tribunal, la presencia simbólica de una bandera con las caras de los 44 recuerda la dimensión humana del caso. Mientras tanto, el proceso judicial se organiza con audiencias presenciales y virtuales, y la programación prevé declaraciones de testigos y peritos durante los próximos meses, con la expectativa de un veredicto hacia mitad de año.
Contexto técnico y antecedentes
El ARA San Juan perdió contacto tras informar una falla eléctrica y un foco ígneo mientras regresaba a Mar del Plata desde Ushuaia; la pérdida de señal culminó con la localización de los restos un año después a 900 metros y a unos 500 kilómetros de la costa. Documentos reunidos durante la investigación muestran que el submarino arrastraba deficiencias operativas desde la reparación integral previa y que había restricciones de inmersión, como la prohibición de bajar más de 100 metros hasta completar pruebas pendientes.
En las próximas etapas del juicio se espera la declaración de más de 90 testigos, la discusión sobre el material que sigue bajo secreto militar y la evaluación de responsabilidades en la cadena de mando. Aunque la pesquisa ha reconstruido una hipótesis técnica plausible, la limitación para realizar pericias directas sobre los restos mantiene la incógnita que buscan resolver familias, acusación y defensa.
