Juez niega permiso a Claudio Tapia para permanecer fuera del país por dos meses

El juez en lo penal económico Diego Amarante negó el pedido presentado por Claudio «Chiqui» Tapia para permanecer fuera del país durante 60 días, decisión que se inscribe en una investigación sobre la AFA por presunta apropiación de aportes previsionales y otros incumplimientos tributarios que, según indagaciones, superarían los 19.000 millones de pesos. En la causa ya fueron indagados Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros dirigentes del fútbol argentino; ahora el juzgado debe definir la situación procesal de los imputados.

La resolución judicial también pone foco en antecedentes procesales y en el carácter público de determinadas funciones que ejerce Tapia. El magistrado cuestionó la vaguedad del itinerario y la documentación presentada, así como conductas previas en las que se modificaron permisos sin autorización expresa. Además, la polémica sobre un posible viaje a Caracas y la relación con la repatriación del gendarme Nahuel Gallo —detenido en Venezuela en diciembre de 2026 y liberado el 1 de marzo— vuelve a aparecer como elemento valorado por el tribunal.

El rechazo y los fundamentos

En su fallo el juez Amarante subrayó que, aunque en oportunidades anteriores se otorgaron autorizaciones para salir del territorio, la solicitud actual se presentó con una modalidad genérica que difiere de los permisos puntuales previamente concedidos. La falta de un destino preciso y la ausencia de una agenda cerrada fueron argumentos centrales del tribunal para mantener la prohibición de salida del país, con el objetivo de asegurar la sujeción del imputado a la jurisdicción.

Motivos señalados por el tribunal

El juez destacó la imprecisión de los motivos aportados y señaló que los documentos exhibidos estaban desactualizados; además, recordó un episodio en el que el imputado habría modificado su itinerario de manera unilateral estando en el exterior. Amarante también tuvo en cuenta la calidad pública de otro cargo que ocupa Tapia en la C.E.A.M.S.E., por el cual declaró percibir aproximadamente $19.000.000 por mes, y advirtió sobre la inusual frecuencia de viajes al extranjero informada por el dirigente.

La causa por aportes y la postura del fiscal

La investigación arrancó a raíz de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por la falta de ingreso de sumas retenidas correspondientes a IVA, Impuesto a las Ganancias y aportes a la seguridad social. En la presentación inicial se consignaron obligaciones por un total de $7.593.903.512,23, y en una ampliación la cifra denunciada alcanzó los $11.759.643.331,62, con un universo de deuda que roza los 19.000 millones de pesos.

Dictamen fiscal y argumentos legales

El fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, solicitó rechazar los pedidos de sobreseimiento de Tapia, Toviggino y el resto de los imputados. En su dictamen el representante del Ministerio Público sostuvo que la suspensión administrativa de ejecuciones fiscales dispuesta por el Ministerio de Economía no extingue la obligación de depositar fondos retenidos a terceros; es decir, la retención indebida que no se deposita en los plazos legales puede configurar delito aun cuando existan medidas administrativas posteriores.

Defensa, posible delito y próximos pasos

En su defensa, Tapia argumentó que la AFA no cometió delito porque una resolución administrativa suspendió las ejecuciones fiscales y sostuvo que buena parte de la deuda ya fue regularizada, extremo que la Justicia verificó en parte. Pese a ello, el tribunal investiga si el retraso en los pagos pudo configurar el delito de apropiación indebida de tributos, que contempla penas de entre dos y seis años de prisión si se llegara a acreditar.

El proceso seguirá su curso: el juez Amarante deberá decidir si procesa, dicta falta de mérito o sobresee a los imputados, mientras que la Cámara en lo Penal Económico analiza un planteo sobre la inexistencia de delito, sin resolución prevista antes del 25 de marzo. En paralelo, la medida que prohíbe la salida del país continúa bajo revisión, y la causa mantiene su relevancia para la administración del fútbol y la gestión de fondos retenidos.