La discusión legislativa sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas ha traído consigo cambios concretos en la forma en que se calcularán y remunerarán las horas extras. En febrero de 2026, los órganos legislativos y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) explicaron los criterios que acompañan la iniciativa: el pago extraordinario comenzará a partir de la hora 41 semanal y se establecerán límites y porcentajes claros para evitar abusos históricos en sectores con jornadas prolongadas.
Estos ajustes buscan alinear a México con estándares internacionales y reducir los riesgos asociados al exceso laboral, como el deterioro de la salud y el aumento de accidentes. Además, se diseñó una trayectoria gradual para efectuar la transición, de modo que empresas y trabajadores dispongan de plazos para adaptarse sin afectar derechos ni salarios.
Qué cambia en el cómputo y en el pago de horas extras
Actualmente la jornada ordinaria en la ley vigente se calcula sobre 48 horas semanales; bajo esa regla, las horas extraordinarias empezaban a contarse desde la hora 49. La reforma plantea que, una vez aprobada, el umbral se desplace de forma que cualquier tiempo trabajado después de la hora 40 pase a ser considerado como tiempo extraordinario. Este nuevo cómputo implica que el coste operativo de solicitar horas adicionales aumentará para los empleadores, porque se reduce en ocho horas el margen libre antes de pagar recargos.
Topes y porcentajes de remuneración
La propuesta incorpora límites precisos para evitar jornadas interminables: se permite hasta un máximo de 12 horas extras pagadas al 100% adicional por semana; si se excede ese tope, se contemplan hasta 4 horas más con pago al 200% adicional. El esquema mantiene la voluntariedad del trabajo extraordinario y prohíbe expresamente que menores de 18 años realicen horas extras. Con estas reglas se pretende acotar prácticas que anteriormente permitían pagos crecientes sin un marco claro de protección.
Ruta legislativa y calendario de implantación
El avance en comisiones del Senado durante febrero de 2026 marcó un paso importante: las comisiones unidas aprobaron por unanimidad una reforma constitucional que incorpora la reducción de la jornada en el artículo 123. Ese dictamen debe todavía pasar por la votación en el pleno del Senado y, posteriormente, por la Cámara de Diputados y las adecuaciones en las legislaturas locales si fueran necesarias. Solo cuando todas las etapas concluyan y el Ejecutivo publique las modificaciones en el Diario Oficial de la Federación, la reducción será oficial y los plazos de adaptación entrarán en vigor.
Implementación gradual hasta 2030
El plan contempla una disminución progresiva de la jornada hacia las 40 horas, con pasos escalonados que faciliten la transición sin rupturas bruscas en la operación productiva. La iniciativa propone un calendario gradual que inicia la reducción formal en los años siguientes a la aprobación y culmina en 2030 con la jornada de 40 horas. La STPS ha señalado que se privilegiará la coordinación con los sectores productivos para que manufactura, comercio y servicios dispongan de alternativas técnicas y de planificación.
Las autoridades argumentan que la medida beneficiará directamente a una mayoría notable de la población trabajadora, mejorando aspectos como el descanso, la salud mental y la conciliación familiar. La expectativa es que la reducción de la jornada también contribuya a disminuir el ausentismo y a elevar la productividad por hora trabajada. Sin embargo, el éxito dependerá del diseño de la implementación y de la vigilancia: la STPS anunció inspecciones para verificar el cumplimiento del nuevo tabulador de pagos extraordinarios y advirtió sanciones económicas ante omisiones en su aplicación.
En síntesis, la reforma aspira a transformar el marco normativo: adelantar el inicio del pago de horas extras a partir de la hora 41, fijar límites claros para horas dobles y triples, mantener la voluntariedad y prohibir horas extras para menores de edad, todo dentro de una estrategia gradual y fiscalizada. La ruta legislativa aún no termina, pero el debate público y técnico alrededor del proyecto ya ha definido parámetros centrales que cambiarían sustancialmente la experiencia laboral en México.
