Irregularidades en la compra de respiradores por el consorcio noreste

Contexto de compra de respiradoresDurante la pandemia de Covid-19, la adquisición de respiradores se convirtió en una cuestión crítica para la salud pública en Brasil. El Consorcio Nordeste, que reúne a los gobernadores de la región, decidió comprar 300 respiradores para atender la demanda emergente. Sin embargo, esta compra, que costó R$ 48,7 millones, está ahora bajo investigación del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) debido a posibles irregularidades.El proceso en el TCUEl caso fue llevado a juicio en el TCU, con la expectativa de que la decisión ocurra el 21 de mayo. El relator del proceso, el ministro Jorge Oliveira, ya ha recibido pedidos de vista, lo que puede retrasar el análisis. Los auditores del TCU señalaron a Carlos Gabas, exsecretario ejecutivo del consorcio, como responsable de los problemas en la contratación. La empresa Hempcare, que debía proporcionar los respiradores, no cumplió con la entrega, lo que genera serias preocupaciones sobre la legalidad y la transparencia del proceso.Defensa y argumentos presentadosEn su defensa, Carlos Gabas argumentó que la compra se realizó en un contexto de emergencia de salud pública, lo que justificaría la dispensa de licitación. Afirmó que la empresa presentó toda la documentación necesaria y que el proceso siguió las orientaciones de la Abogacía General de la Unión. Sin embargo, los técnicos del TCU destacaron que Hempcare fue creada apenas nueve meses antes de la firma del contrato y que tenía un capital social de solo R$ 100 mil, lo que genera dudas sobre su capacidad para proporcionar los equipos.Consecuencias y recomendacionesEl área técnica del TCU recomendó la aplicación de multas y la inhabilitación para funciones públicas de Carlos Gabas y del gerente administrativo del consorcio, Valderir Claudino de Souza. Esta recomendación aún necesita ser aprobada por los ministros de la corte. La situación es un recordatorio de la importancia de la fiscalización y la transparencia en las adquisiciones públicas, especialmente en tiempos de crisis, donde la urgencia puede llevar a decisiones apresuradas y potencialmente perjudiciales.