Resumen ejecutivo
Esta pieza, firmada por Roberto Investigator, presenta una investigación metodológica sobre posibles irregularidades en contratos municipales. Basada en documentos públicos, registros oficiales y declaraciones comprobables, la nota reconstruye hechos y plantea implicaciones sin extraer conclusiones definitivas que no estén respaldadas por la evidencia.
Pruebas
La investigación se apoya en los siguientes elementos documentales verificables:
- Actas de pleno y de comisiones del ayuntamiento (sesiones fechadas entre enero y septiembre de 2025) consultadas en el portal oficial del municipio y en el expediente administrativo municipal (expediente nº 2025-CT-07). Estas actas muestran las fechas y votaciones relativas a los procedimientos de adjudicación.
- Registros de contratación pública extraídos de la Plataforma de Contratación del Sector Público (contrataciondelestado.gob.es) y del boletín oficial de la comunidad autónoma, que contienen los anuncios de licitación, criterios de adjudicación y ofertas presentadas.
- Contratos firmados y anexos consultados en el Registro de Contratos del propio ayuntamiento y cotejados con copias registradas en el Registro Mercantil de empresas licitantes (inscripciones y apoderamientos de 2023–2025).
- Correspondencia electrónica y actas de la mesa de contratación obtenidas a través de solicitudes de acceso a la información pública (Ley de Transparencia) con acuse de recibo, que reflejan plazos de entrega de documentación y comunicaciones internas.
- Testimonios documentados: declaraciones por escrito de dos extrabajadores municipales y de un consultor externo, cuya identidad y documentos pueden ser verificados bajo solicitud formal por los órganos competentes.
Fuentes consultadas: portal del ayuntamiento (sección Transparencia), Plataforma de Contratación del Sector Público, Boletín Oficial de la comunidad autónoma, Registro Mercantil y solicitudes de información (expedientes de transparencia).
Reconstrucción
Con base en la cronología de documentos, la secuencia de hechos preliminar es la siguiente:
- Convocatoria de licitación: publicación en la plataforma oficial el 15/02/2025 con plazos de presentación de ofertas hasta el 10/03/2025.
- Recepción de ofertas: registro de tres propuestas formales, consignadas en el expediente administrativo antes de la fecha límite; las ofertas incluyen documentación técnica y financiera con diferentes rangos de puntuación según los criterios publicados.
- Acta de la mesa de contratación (25/03/2025): la mesa propone adjudicar al ofertante B por mejor puntuación técnica. El acta incluye firmas y un anexo con la valoración técnica, aunque presenta campos sin fecha y correcciones manuales.
- Resolución de adjudicación (02/04/2025): el órgano de contratación publica la adjudicación al ofertante C, diferente del propuesto por la mesa, indicando motivos genéricos de «mejor oferta global» sin desglosar la valoración comparativa en el ejercicio de transparencia administrativa.
- Presentación de alegaciones: carta de un ofertante (A) solicitando expedientes y explicaciones, y solicitud de acceso enviada por un tercero que activó la entrega parcial de documentación el 18/04/2025.
Documentos clave: acta de mesa de contratación (25/03/2025, expediente 2025-CT-07, folios 12–18), resolución de adjudicación (02/04/2025, BOCA 2025/04/05), comunicaciones registradas en la Sede Electrónica del ayuntamiento.
Protagonistas
Personas y entidades implicadas, según los documentos consultados:
- Órgano de contratación municipal: dirección de contratación y secretario interventor (nombrados en actas públicas). Sus firmas aparecen en las resoluciones oficiales y en el registro del expediente.
- Mesa de contratación: compuesta por técnicos municipales y un representante externo; el acta contiene las firmas y las valoraciones técnicas que respaldaron la propuesta inicial.
- Ofertantes: tres sociedades mercantiles inscritas en el Registro Mercantil. Las denominaciones sociales y representantes legales constan en los contratos publicados; sus propuestas técnicas y económicas forman parte del expediente de contratación.
- Testigos y denunciantes: dos extrabajadores municipales que aportaron documentación y un consultor que declaró a este equipo la existencia de irregularidades en la cumplimentación de criterios de valoración. Sus declaraciones fueron documentadas por escrito y pueden ser cotejadas con las actas internas.
Fuentes: actas municipales, Registros Mercantiles de las empresas participantes y declaraciones documentadas archivadas en el expediente de transparencia.
Implicaciones
De la evidencia disponible se desprenden varias áreas de riesgo y responsabilidad pública, sin afirmar hechos penales no probados:
- Transparencia: la discrepancia entre la propuesta de la mesa de contratación y la resolución final pone en cuestión el cumplimiento estricto de los criterios de adjudicación publicados. Esto puede vulnerar los principios de publicidad y igualdad en la contratación pública, según la normativa vigente.
- Control administrativo: las correcciones manuales y los campos sin fecha en el acta sugieren deficiencias en los registros administrativos que deberían ser investigadas por la asesoría jurídica municipal o por órganos de control externo.
- Responsabilidad patrimonial: si se confirma que la adjudicación fue improcedente, existe riesgo de reclamaciones administrativas por parte de oferentes afectados y, potencialmente, de reintegros o indemnizaciones.
- Posible ámbito penal o disciplinario: si las investigaciones posteriores detectan manipulación documental o conductas dolosas, corresponderá a la Fiscalía o a los tribunales determinar responsabilidades conforme a la ley. En este estado preliminar, no hay sentencia ni imputación formal que permita aseveraciones concluyentes.
Referencias normativas consultadas: Ley de Contratos del Sector Público, normativa autonómica de contratación y guías de buenas prácticas publicadas por la Cámara de Cuentas regional.
Próximo paso de la investigación
Para avanzar con rigor esta inchiesta proponemos las siguientes acciones verificables:
- Solicitar copia íntegra del expediente administrativo (documentos originales, anexos técnicos y comunicaciones internas) mediante petición formal de acceso a la información pública y conservar acuses de recibo.
- Comparecer ante la mesa de contratación y solicitar entrevistas documentadas con los miembros que firmaron el acta del 25/03/2025, para aclarar discrepancias en la valoración.
- Cotejar firmas y sellos del expediente con registros oficiales y, si procede, remitir oficio a la Cámara de Cuentas autonómica para valorar una auditoría sobre procedimientos de contratación 2024–2025.
- Recabar la versión de las empresas adjudicataria y licitantes afectadas y documentar sus alegaciones por escrito para integrarlas en el expediente público informativo.
- Si aparecen indicios de delito, remitir expediente y evidencias a la Fiscalía competente, preservando cadena de custodia documental.
Este equipo mantendrá la documentación registrada y publicará actualizaciones cuando nuevas pruebas verificables estén disponibles. Se insta a las autoridades competentes a facilitar el acceso a los documentos citados para una investigación completa y transparente.
