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Contexto de la manifestación
El pasado miércoles, una marcha de jubilados en las inmediaciones del Congreso se tornó violenta, generando una serie de incidentes que han llevado al fiscal federal Franco Picardi a abrir una investigación penal. Este evento, que originalmente buscaba visibilizar las demandas de los jubilados, se vio empañado por la participación de hinchas de fútbol y actos de violencia que resultaron en detenciones y enfrentamientos con la policía.
Denuncias y acusaciones
La denuncia fue presentada por Fernando Oscar Soto, director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales, quien señala la posible comisión de delitos graves como sedición y atentado al orden constitucional. En su documento, Soto menciona a dos intendentes del partido K y al sindicalista Luis Barrionuevo, sugiriendo que estos podrían haber fomentado la violencia durante la movilización.
La denuncia, que abarca diez páginas, detalla cómo los intendentes de La Matanza y Lomas de Zamora, Fernando Espinoza y Federico Otermín, respectivamente, estarían implicados en la organización de la marcha, que según informes, tenía la intención de provocar disturbios.
La violencia premeditada
El fiscal Picardi ha calificado la violencia como “premeditada y organizada”, argumentando que los agresores llegaron a la manifestación armados con objetos contundentes y armas blancas. Según el Ministerio de Seguridad, estos grupos actuaron de manera coordinada, lo que plantea serias preocupaciones sobre la seguridad pública y el respeto al orden democrático.
La investigación se centrará en determinar la conexión entre los organizadores de la marcha y los actos de violencia, así como en identificar a los responsables de la logística detrás de estos disturbios.
Requerimientos de información
Como parte de la investigación, el fiscal ha solicitado al Ministerio de Seguridad que proporcione registros de llamadas a la Línea 134, donde se habrían reportado incidentes de violencia.
Además, se busca documentar la participación de grupos que no estaban relacionados con la convocatoria original de jubilados, lo que sugiere que la manifestación fue infiltrada por elementos ajenos a la causa. La figura de Leandro Capriotti, mencionado como un posible organizador de la violencia, también será objeto de escrutinio en esta investigación.
Implicaciones políticas y sociales
Este caso no solo pone en tela de juicio la seguridad en las manifestaciones, sino que también plantea interrogantes sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en la gestión de estas situaciones. La relación entre la política y los grupos de hinchas de fútbol, conocidos por su comportamiento violento, es un tema delicado que podría tener repercusiones en el ámbito político. La sociedad observa con atención cómo se desarrollará esta investigación y qué medidas se tomarán para garantizar que las manifestaciones pacíficas no se vean afectadas por la violencia.
