La detención de Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, y de varios funcionarios locales destapó una investigación federal que, según carpetas judiciales, documenta una supuesta red dedicada a la extorsión, el desvío de recursos públicos y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El operativo, reportado por autoridades federales, incluyó cateos y la participación de fuerzas como la Sedena, la Marina y la Fiscalía General de la República, y motivó la emisión de órdenes de aprehensión contra colaboradores del ayuntamiento.
Los hechos, que ya aparecen en piezas de investigación judicial, han generado alarma entre comerciantes y empresarios del municipio tequilero. Testimonios anónimos y denuncias formales sostienen que existía un esquema de cobros ilícitos y amenazas que afectó a sectores clave de la economía local, además de episodios públicos como la presentación musical con referencias a líderes criminales que alimentaron la sospecha sobre la relación entre autoridades municipales y grupos delictivos.
Detenciones y acusaciones formales
En la madrugada del operativo se detuvo a Rivera Navarro junto con tres funcionarios: el director de Seguridad Pública, el director de Catastro y Predial y el titular de Obras Públicas. Según la información oficial, la orden de aprehensión federal incluye cargos por delincuencia organizada, secuestro agravado y delitos vinculados a la extorsión. La carpeta indica además que el alcalde habría ofrecido recursos anuales del erario —monto mencionado en denuncias como 40 millones de pesos— a cambio de respaldo criminal, una acusación que, de probarse, implicaría la colusión entre autoridades y grupos delictivos.
Impacto en la administración municipal y acciones de seguridad
La salida de los mandos municipales dejó un vacío de autoridad que obligó a la Secretaría de Seguridad de Jalisco a asumir el control del patrullaje local y a revisar administrativa y armamentísticamente a la corporación municipal. En paralelo, las investigaciones abarcan la revisión de la cuenta pública y la documentación patrimonial: mientras algunos funcionarios registraban declaraciones disponibles, el alcalde evitó publicar su declaración patrimonial desde que asumió el cargo el 1 de octubre de , un hecho señalado por autoridades como irregular durante las pesquisas.
Funcionarios detenidos y prófugos
Además de las detenciones confirmadas, existen órdenes de aprehensión contra otros miembros del equipo municipal que se encuentran prófugos. Entre los nombres publicados en las investigaciones figuran el jefe de gabinete y el tesorero, así como exfuncionarios vinculados a la seguridad regional. Las carpetas incorporan denuncias de comerciantes que relatan amenazas y, en algunos casos, secuestros por negarse a pagar las cuotas impuestas; estas acusaciones todavía deben ser corroboradas en proceso judicial ante un juez federal.
Antecedentes y elementos que alimentaron la investigación
Varios episodios previos contribuyeron a que la investigación federal escalara: en mayo de la presentación del grupo Los Alegres del Barranco, con canciones y proyecciones alusivas al líder del CJNG, generó una indagatoria por posible apología del delito; denuncias de regidores y ciudadanos sobre irregularidades administrativas y conflictos por el control de espacios culturales también integraron el contexto. Además, declaraciones patrimoniales anteriores, como la registrada por Rivera en junio de cuando declaró ingresos modestos, aparecen ahora bajo escrutinio.
Repercusiones para la comunidad y pasos a seguir
La población local espera que el proceso judicial aclare la extensión real de las imputaciones y que la autoridad garantice la seguridad y la estabilidad económica mientras se agotan las investigaciones. Los organismos federales han señalado que la indagatoria continuará y que será un juez federal quien determine responsabilidades penales. Para comerciantes y ciudadanos, la prioridad será obtener certezas sobre la recuperación del orden y la restauración de instituciones municipales confiables.
La investigación en curso seguirá siendo clave para entender la magnitud de la supuesta estructura y para definir las sanciones que correspondan conforme a la ley.
