La Procuraduría General de la Nación presentó un pliego de cargos que pone bajo escrutinio el nombramiento de Luis Orlando Castro Acosta como gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de San José del Guaviare (Empoaguas). El documento, divulgado el 01.03.2026, no se centra en contratos o costos, sino en la correspondencia entre el perfil técnico exigido por la entidad y los títulos y periodos de experiencia que presentó el funcionario para asumir el cargo en enero de 2026.
El caso plantea dos ejes principales: por un lado, la naturaleza de las certificaciones académicas y su adecuación al manual de funciones; por otro, la verificación de la experiencia profesional reportada por Castro. Además, hay un señalamiento sobre la revisión administrativa previa a la posesión, que involucra a funcionarios municipales encargados de validar la documentación presentada.
¿Qué exige el perfil y qué presentó el gerente?
El manual de funciones de Empoaguas establecía requisitos claros: formación profesional en áreas como ingeniería ambiental, sanitaria, civil, industrial o química, o un posgrado vinculado a estas disciplinas. Sin embargo, al revisar la hoja de vida de Castro, la Procuraduría detectó especializaciones en gestión de agronegocios y en derecho del medio ambiente, títulos que, según el organismo de control, no encajan en los núcleos técnicos descritos en el perfil para la gerencia de una empresa de acueducto y alcantarillado.
Implicaciones sobre la formación
La discusión no solo es semántica: la Procuraduría advierte que aceptar titulaciones que no correspondan al listado técnico puede afectar la gestión de servicios esenciales. En su pliego, el Ministerio Público subraya que la formación debe demostrar competencia en los aspectos operativos y técnicos de la prestación del servicio de agua y saneamiento, y que las especializaciones presentadas por Castro estarían más relacionadas con el sector rural y la normativa ambiental que con la ingeniería requerida para la dirección de una empresa prestadora de servicios públicos.
La experiencia profesional: fechas y documentos en entredicho
Además de la duda sobre los títulos, la Procuraduría cuestionó la trayectoria laboral exhibida por Castro. En su hoja de vida figuraba un periodo de más de dos años como director técnico de la asociación Asoproagro, entre septiembre de 2018 y septiembre de 2026, que servía para cumplir el tiempo mínimo exigido. No obstante, al contrastar los soportes, el órgano de control identificó que el convenio que vinculaba a Castro con Asoproagro y el Instituto Sinchi se extendía solo entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019, es decir, un año, lo que reduce el tiempo efectivo de experiencia declarada.
Certificados y verificación documental
La discrepancia entre las fechas declaradas y las que aparecen en los documentos llevó a la Procuraduría a recopilar certificaciones complementarias y a cruzar información con registros oficiales. Este análisis documental fue la base para que en junio de 2026 se abriera una indagación previa y, en agosto de 2026, se impulsara la investigación formal que culminó en la formulación de cargos. Según el despacho, las inconsistencias en los soportes son suficientes para poner en duda el cumplimiento de los requisitos de experiencia gerencial.
Responsabilidad administrativa y el papel de funcionarios municipales
El pliego de cargos no solo apunta al exgerente: también incluye a Miguel Arroyo Arroyo, quien se desempeñó como secretario Administrativo y de Desarrollo Social del municipio y tenía entre sus funciones la revisión de documentos antes de la posesión. Para la Procuraduría, la validación administrativa de la hoja de vida fue una etapa determinante y, según la hipótesis disciplinaria, Arroyo podría haber omitido irregularidades o no haber advertido los elementos que hoy se cuestionan.
Fallas en los controles y preguntas abiertas
El caso abre interrogantes sobre si la situación responde a una revisión insuficiente por parte de quienes debían certificar el cumplimiento de requisitos o a una presentación cuidadosamente ajustada para cumplir formalmente con las exigencias. Para el Ministerio Público, las posibles faltas son: haber asumido la gerencia sin reunir las condiciones técnicas y haber contado con una validación administrativa defectuosa o negligente.
Próximos pasos procesales
Con la formulación de cargos, el expediente avanza hacia la etapa de juzgamiento disciplinario, en la que se determinará la existencia de responsabilidad y, en su caso, las sanciones administrativas que correspondan. El proceso pondrá a prueba no solo la veracidad de los títulos y certificaciones, sino también los mecanismos institucionales de revisión y control en los nombramientos de cargos decisivos para la prestación de servicios públicos.
En síntesis, la investigación sobre la designación en enero de 2026 del gerente de Empoaguas se centra en la correspondencia entre el perfil técnico exigido y los soportes académicos y laborales presentados por el funcionario, así como en la actuación de quienes debían verificar dichos requisitos antes de la posesión. El desenlace del caso tendrá implicaciones sobre cómo se aplican los filtros administrativos en nombramientos de entidades de servicios básicos.
