Recientemente, el gobierno argentino ha decidido implementar una intervención administrativa de 12 meses en el puerto de Ushuaia. Esta medida se adopta tras la detección de irregularidades financieras y problemas significativos en la infraestructura del puerto. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) formalizó la decisión al suspender la licencia de operación del terminal marítimo.
El puerto de Ushuaia se considera un activo estratégico por su cercanía a la Antártida y su relevancia en el turismo de cruceros. Aunque no maneja el mayor volumen comercial, su función en la conectividad internacional lo convierte en un punto neurálgico tanto operativa como políticamente.
Razones detrás de la intervención
La resolución de la ANPyN surge de una serie de inspecciones que revelaron múltiples deficiencias administrativas y financieras. Entre las principales irregularidades, destaca el uso indebido del superávit financiero del puerto, que se desvió para cubrir gastos de la obra social estatal (OSEF), en lugar de reinvertirse en el mantenimiento y mejora de la infraestructura portuaria.
Las inspecciones evidenciaron que un 33% del presupuesto del puerto se utilizó para subsidios no relacionados con la actividad portuaria, dejando solo un 1.3% destinado a obras y servicios para mejorar la terminal. Esta situación contraviene la Ley de Puertos, que estipula que los ingresos generados deben reinvertirse exclusivamente en su operación y mantenimiento.
Deficiencias estructurales y operativas
Un análisis exhaustivo de la infraestructura del puerto reveló serios problemas, como deterioro estructural en los muelles, sistemas de seguridad antincendios obsoletos y un nivel crítico de ejecución de obras. La ANPyN también encontró la ausencia de registros formales de ingresos y egresos, fundamentales para la transparencia en la administración de recursos.
Además, la gestión financiera del puerto estaba tercerizada a una empresa cuya vinculación con actividades portuarias era cuestionable. Esto ha generado preocupaciones sobre la efectividad y responsabilidad en la administración de los recursos del puerto.
Reacción del gobierno provincial
La medida ha encontrado una fuerte oposición por parte del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien ha calificado la intervención como infundada y sin justificación. En redes sociales, Melella expresó que el gobierno provincial ha estado trabajando en mejorar la situación del puerto y que no se ha dado una explicación válida para la decisión del gobierno nacional.
El gobernador enfatizó que el puerto de Ushuaia sigue operando con normalidad y que la temporada de cruceros actual está siendo un éxito. Las principales compañías navieras eligen este puerto por sus estándares de seguridad y calidad en los servicios. Melella ha mantenido un diálogo constante con autoridades nacionales, buscando soluciones que mantengan el funcionamiento del puerto sin afectar su desarrollo.
El papel de la Prefectura Naval
Como parte de la intervención, la Prefectura Naval Argentina colaborará para mejorar las condiciones de seguridad y apoyo en las operaciones del puerto. Esta medida busca garantizar que la administración del puerto se realice de manera efectiva, protegiendo al mismo tiempo la actividad económica de la región y la seguridad de los usuarios.
A medida que avanza la intervención, se espera que las autoridades provinciales respondan a las demandas formuladas por la ANPyN. La posibilidad de prolongar la intervención dependerá de las medidas correctivas que se implementen para resolver las irregularidades detectadas.
El puerto de Ushuaia se considera un activo estratégico por su cercanía a la Antártida y su relevancia en el turismo de cruceros. Aunque no maneja el mayor volumen comercial, su función en la conectividad internacional lo convierte en un punto neurálgico tanto operativa como políticamente.0
