En los últimos informes difundidos el 11 y 12 de marzo de 2026 surgió un debate público sobre el papel de los celulares y otros dispositivos electrónicos dentro de las escuelas de Baja California. Instituciones de salud mental han alertado sobre un aumento de internamientos vinculados al uso excesivo de pantallas, mientras que autoridades educativas señalan la necesidad de un equilibrio que no afecte actividades académicas que dependen de recursos digitales. Ante este panorama, se plantea si la solución pasa por prohibiciones generales, normas escolares o acciones coordinadas con las familias.
La discusión incorpora distintos actores: especialistas en salud, directivos escolares, maestras y maestros, así como legisladores locales. Desde la mirada de los clínicos se subraya que la exposición sin límites ha generado conductas que afectan la convivencia y el rendimiento; por su parte, el sector educativo destaca que algunos niveles, sobre todo preparatoria, usan QR y materiales digitales que requieren conectividad. En este escenario, la consulta con padres de familia aparece como requisito para cualquier cambio en el reglamento escolar.
El problema y las cifras
Según datos compartidos por profesionales del Hospital de Salud Mental de Tijuana, en 2026 un número significativo de menores ingresaron por problemas asociados al uso compulsivo de pantallas. Los especialistas reportan que nueve de cada diez internamientos en ciertas áreas guardan relación con el uso descontrolado del celular, las tabletas o los juegos en línea. Esta realidad está vinculada con episodios de irritabilidad, dificultad para obedecer normas y conductas disruptivas en el aula, por lo que docentes y personal de salud coinciden en que existe un problema que impacta tanto la salud como el clima escolar.
La iniciativa y sus promotores
Una propuesta ciudadana impulsada por el Hospital de Salud Mental de Tijuana A.C. busca llevar al Congreso del Estado una iniciativa que regule de forma preventiva el uso de dispositivos durante la jornada escolar. El director de la institución y aliados legislativos han señalado que la medida pretende reducir riesgos como el ciberacoso, la exposición a contenidos inadecuados y el contacto con depredadores en línea. Algunos planteles privados que aplicaron restricciones reportaron mejoras en la convivencia y el rendimiento, lo que avala la búsqueda de una política pública común.
Apoyo legislativo y alcance
El proyecto contempla coordinación con diputadas y diputados interesados en el tema para construir una propuesta que no solo prohíba, sino que también establezca criterios de prevención y acompañamiento. Desde la iniciativa se propone una visión integral: no se trata de satanizar la tecnología sino de regular el uso para proteger a las NNA (niñas, niños y adolescentes) y generar entornos escolares más seguros. Los promotores insisten en que la medida debe combinar normas, educación digital y mecanismos de supervisión familiar.
Respuesta educativa y matices
La Secretaría de Educación de Baja California señaló que directores y docentes cuentan con la potestad para prohibir o limitar el uso de celulares dentro de su plantel, siempre que se haga con la participación de las familias y se plasme en el reglamento escolar. Sin embargo, la secretaría advirtió la necesidad de equilibrar restricciones con las herramientas pedagógicas: en preparatoria muchos libros incluyen códigos QR que facilitan la consulta en línea, por lo que imponer una prohibición absoluta podría afectar actividades académicas. La propuesta, por tanto, debería ser flexible y considerar niveles educativos y condiciones de acceso a internet.
Impactos esperados y recomendaciones
Especialistas recomiendan no solo normas sino acompañamiento: límites horarios, supervisión de contenidos y educación digital para familias y estudiantes. Entre las recomendaciones prácticas figura limitar el uso fuera del horario escolar, evitar dispositivos en menores de seis años y supervisar el acceso en preescolar y primaria; en secundaria se sugiere reducir a dos horas diarias el tiempo de ocio frente a pantallas. Las experiencias en algunos colegios privados muestran que al reducir el tiempo de uso se observa mayor actividad física, mejora en la atención y menos incidentes de bullying digital.
El debate reunido en torno a los informes del 11 y 12 de marzo de 2026 demuestra la complejidad del tema: es una mezcla de salud pública, gestión escolar y responsabilidad familiar. Cualquier decisión sólida deberá respetar la evidencia clínica, incluir a la comunidad educativa y preservar usos legítimos de la tecnología en el aprendizaje. Mientras se avanza en la iniciativa, la urgencia es clara: proteger la salud emocional de las NNA sin renunciar a las herramientas que benefician la enseñanza.
