Un estudio impulsado por el Ministerio de Desarrollo Humano y supervisado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia presentó un mapa detallado de personas en situación de calle en Argentina. El relevamiento, que abarcó espacios públicos y dispositivos temporales, registró 9,421 personas distribuidas en 19 provincias. Esta cifra surge tras más de 7.800 entrevistas realizadas en calles, plazas y albergues, con la intención de comprender no solo la magnitud del fenómeno sino también los perfiles y las necesidades que subyacen a la vulnerabilidad.
La encuesta constituye el primer ejercicio nacional de este tipo y se ejecutó en el marco de la Ley Nº 27.654, que ordena crear un programa federal para investigar y diseñar políticas públicas para quienes viven en la calle o están en riesgo de perder su vivienda. El relevamiento integró trabajo coordinado con autoridades provinciales y municipales para recopilar información sobre edad, género, tiempo en situación de calle, documentación y fuentes de ingreso, con el objetivo de sustentar intervenciones más precisas.
Resultados generales de la encuesta nacional
Entre los datos centrales, el estudio detectó que el 83% de las personas registradas son hombres y el 17% mujeres, mientras que el 92% tienen 18 años o más y el 6% se clasificó como menores. Un dato relevante fue que el 32% de las personas indicó haber permanecido sin vivienda por más de dos años, lo que refleja procesos de exclusión prolongados. Además, el 10% no contaba con DNI, un obstáculo que limita el acceso a servicios básicos y prestaciones sociales, y agrava la invisibilización administrativa de quienes duermen en la vía pública.
Perfil sociodemográfico y fuentes de ingreso
En términos educativos y laborales, la encuesta mostró que el 52% completó la primaria pero no concluyó la secundaria. Respecto a las fuentes de sustento, el 53% reportó realizar algún trabajo de manera habitual, el 56% recibe prestaciones sociales y el 30% percibe jubilaciones o pensiones; un 8% declaró ingresos por otras vías. Estos datos combinan empleo informal, ingresos insuficientes y derechos sociales con dificultades para garantizar estabilidad habitacional, evidenciando que la falta de vivienda no se explica únicamente por desempleo sino por una confluencia de factores.
Dinámicas locales y divergencias con conteos porteños
El informe nacional coincide con la tendencia al alza observada en ciudades específicas, aunque muestra diferencias en la escala. En la Ciudad de Buenos Aires, fuentes locales informaron un incremento del 27% en el número de personas en la calle entre abril de 2026 y mayo de 2026, pasando de 3,560 a 4,522. Al mismo tiempo, organizaciones sociales que realizan censos alternativos estimaron en julio un total de 11,980 personas viviendo en la calle en la ciudad, cifra notablemente superior a la oficial y que pone de manifiesto distintas metodologías y alcances.
Buenos Aires: cifras oficiales versus populares
Las diferencias entre conteos municipales y populares ilustran cómo la metodología, el momento del relevamiento y la definición de situación de calle influyen en los resultados. Mientras el censo oficial de la ciudad y el relevamiento del gobierno nacional utilizan equipos y criterios estandarizados, los censos populares suelen ampliar el horario de observación y sumar información cualitativa de territorio, lo que puede explicar las discrepancias. Estas variantes generan debates sobre la dimensión real del problema y sobre qué datos deben guiar las políticas públicas.
Responsabilidades institucionales y marco legal
Desde junio del año pasado, el gobierno nacional transfirió la responsabilidad operativa a autoridades provinciales y municipales, limitando su rol a la definición de lineamientos generales. El ministerio destacó que la recolección de datos se realizó con cooperación política y técnica con provincias y municipios, y subrayó la complejidad del fenómeno: existen perfiles con documentación, empleo informal y bajos ingresos; pero también historias de vínculos familiares rotos, exclusión prolongada y problemas de salud o consumo. La Ley Nº 27.654 establece la base legal para un programa federal que busque respuestas integrales.
En síntesis, el relevamiento ofrece un retrato multifacético del sinhogarismo en Argentina: concentra cifras nacionales, desagrega por edad y género, y expone tensiones entre diferentes conteos locales. La información pretende servir como insumo técnico para diseñar políticas que vayan más allá de las respuestas de emergencia, coordinando asistencia social, acceso a salud, formalización de ingresos y estrategias de inclusión a escala municipal y provincial. El desafío queda en articular esos datos con intervenciones sostenibles en el tiempo.
