Un diagnóstico reciente elaborado por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) describe un empeoramiento sostenido en el sistema penitenciario federal argentino durante el segundo año del gobierno de Javier Milei. El informe advierte que, pese al incremento del gasto público en materia carcelaria, persisten deficiencias estructurales que se expresan en el crecimiento de la población privada de libertad, el aumento de muertes en custodia y la saturación de espacios habilitados.
Los datos oficiales muestran que la cantidad de personas alojadas en establecimientos federales aumentó y que esa tendencia se combina con problemas de gestión y posibles irregularidades en contrataciones. A continuación se sintetizan las cifras clave y las principales conclusiones del informe, junto con medidas gubernamentales y críticas de organizaciones de derechos humanos.
Crecimiento de la población privada de libertad
Según PROCUVIN, la población del Servicio Penitenciario Federal registró un incremento del 4% interanual en, llegando a 12.166 personas detenidas en diciembre. Este aumento no fue homogéneo: la unidad 36 de Santa Fe sumó 334 internos con respecto a diciembre de, mientras que el Complejo Penitenciario Federal V en Neuquén incorporó 92 personas y el CPF VI en Mendoza añadió 65. En la cárcel de Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires, la población pasó de 1.500 a 1.525 reclusos.
Del total de detenidos en el ámbito federal, 63,1% son personas condenadas (pasando de 6.949 a 7.680), mientras que el porcentaje de quienes están en prisión preventiva descendió a 36,9%, lo que equivale a 4.485 personas sin sentencia firme.
Crecimiento en mujeres y casos vulnerables
El informe resalta que la población femenil y de personas trans aumentó a un ritmo superior al promedio: Además, se registraron 10 mujeres embarazadas y 16 detenidas que convivían con sus hijos, cifras que representan los niveles más altos de los últimos años; casi dos terceras partes de estas mujeres estaban en situación de prisión preventiva.
Hacinamiento y registros de violencia institucional
El hacinamiento sigue siendo uno de los problemas estructurales más graves. La Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura calcula que las cárceles del país operan al 130,2% de su capacidad nominal, es decir, que hay 130 personas recluidas por cada 100 plazas disponibles. En la última década la población encarcelada se incrementó un 67,7%, con subas especialmente marcadas en Santa Fe (244,8%), Santiago del Estero (138,2%) y Córdoba (116,6%).
Ese crecimiento llevó a que la tasa de encarcelamiento alcance 258 presos por cada 100.000 habitantes, la más alta de la historia reciente. Las provincias con mayores tasas son Córdoba (casi 377), Mendoza (308), Buenos Aires (305), Santa Fe (286) y Salta (267).
Muertes en custodia y episodios de violencia
Las muertes ocurridas bajo custodia oficial subieron: en el ámbito federal se documentaron 40 fallecimientos en, diez más que en y próximos al promedio histórico anual de 43. Además, en comisarías y dependencias de la Ciudad de Buenos Aires murieron 8 personas —seis por enfermedad y dos por hechos vinculados con violencia—. En total, el registro incluyó 389 casos de violencia institucional, casi un centenar más que en.
Respuestas del Estado y críticas
Frente a este panorama, el Ministerio de Seguridad impuso la obligatoriedad de que todas las personas alojadas en el Servicio Penitenciario Federal participen en tareas de mantenimiento, limpieza e higiene. Organizaciones de derechos humanos advirtieron que esta medida puede derivar en prácticas coercitivas y en una vulneración de derechos.
Paralelamente, el Estado avanza con nuevas obras: entre los proyectos más relevantes figura el complejo CEMAX en Córdoba, planificado como una unidad de máxima seguridad con 448 celdas destinada a más de 1.000 internos de alto perfil y con una inversión estimada de 109.000 millones de pesos. Para PROCUVIN, sin embargo, estas iniciativas no alcanzan a contrarrestar el agravamiento del problema si no se abordan simultáneamente la sobrepoblación, la gestión y las prácticas institucionales.
En síntesis, el informe de la Procuraduría concluye que la crisis carcelaria argentina no se ha estabilizado: hay más presos, más hacinamiento, más muertes y un aumento del gasto público que, hasta ahora, no ha resuelto las deficiencias estructurales del sistema.
