El Gobierno imputó por terrorismo a 17 personas tras incidentes en una protesta frente al Congreso
El Gobierno argentino presentó una denuncia penal en la que se imputan cargos por terrorismo a 17 personas por los disturbios ocurridos durante una protesta contra una propuesta de reforma laboral. El hecho ocurrió en las inmediaciones del Congreso, donde según fuentes oficiales manifestantes atacaron a las fuerzas de seguridad con proyectiles y artefactos incendiarios.
Quiénes son los acusados y qué pidió el Ejecutivo
El Ministerio de Seguridad difundió los nombres de las 17 personas señaladas y solicitó órdenes de detención. La presentación, firmada por la dirección de regulación y legislación del ministerio, señala que los hechos exceden el marco de la protesta pacífica y requieren tratamiento penal agravado.
El jefe de gabinete, en una publicación oficial, describió las conductas como con “características terroristas” y pidió penas acordes a los actos denunciados. Las autoridades sostienen que identificaron a los principales instigadores y solicitaron su captura.
Estado procesal y respuesta institucional
Según la documentación remitida a la justicia, los imputados fueron individualizados por nombre y apellido. Hasta el momento, las autoridades informaron que no todos están detenidos; se ordenaron órdenes de captura y la fiscalía debe disponer medidas cautelares.
La ministra de Seguridad calificó a los responsables como instigadores y aseguró que se hará “lo necesario” para llevarlos ante la justicia. Sectores sindicales y sociales anticiparon cuestionamientos por la calificación penal elegida.
Cómo se desarrolló la protesta y qué desencadenó la violencia
La movilización se realizó en el contexto del debate por un proyecto de reforma laboral aprobado en el Senado y pendiente en la Cámara de Diputados. El texto propone cambios en contratación, indemnizaciones, derechos de huelga, jornada laboral y vacaciones.
Fuentes oficiales describen que la marcha, convocada por agrupaciones sindicales, comenzó de forma pacífica y se volvió violenta al acercarse al Congreso. Un sector con el rostro cubierto habría arrojado piedras y botellas incendiarias contra la policía, que repelió con gases lacrimógenos y balas de goma. El saldo incluyó agentes heridos y detenciones breves de manifestantes.
Repercusiones legales y sociales
La calificación de los hechos como terrorismo agrava la imputación y añade consecuencias procesales severas. Legalmente, ello puede acarrear penas mayores y medidas de investigación más amplias.
En el ámbito social y sindical, la etiqueta genera debate sobre la línea entre criminalización de la protesta y represión de actos violentos. Organizaciones del sector anuncian movilizaciones y medidas de protesta si la causa avanza con esa figura penal.
Qué sigue: la vía judicial y el trámite parlamentario
La causa continuará su curso en el fuero correspondiente; la definición sobre detenciones y medidas cautelares dependerá de la decisión judicial. La fiscalía y los tribunales evaluarán la evidencia aportada por el Ministerio de Seguridad.
El Ministerio de Seguridad difundió los nombres de las 17 personas señaladas y solicitó órdenes de detención. La presentación, firmada por la dirección de regulación y legislación del ministerio, señala que los hechos exceden el marco de la protesta pacífica y requieren tratamiento penal agravado.0
El Ministerio de Seguridad difundió los nombres de las 17 personas señaladas y solicitó órdenes de detención. La presentación, firmada por la dirección de regulación y legislación del ministerio, señala que los hechos exceden el marco de la protesta pacífica y requieren tratamiento penal agravado.1
