En el aniversario del súbito escándalo del token $LIBRA, la política argentina vuelve a encontrarse con el otro gran episodio que persiste en los tribunales: la causa contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ambos acontecimientos colocaron al entorno del presidente en el centro del debate público y provocaron críticas sobre transparencia, manejo institucional y vínculos con actores privados.
El derrumbe del $LIBRA y el procesamiento del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, funcionaron como dos focos que encendieron simultáneamente la discusión sobre la mezcla entre comunicación presidencial, financiamiento político y contratos públicos en el sector salud. A partir de allí surgieron dudas sobre posibles presiones externas, la autenticidad de pruebas y la influencia de grandes proveedores.
El episodio $LIBRA y su efecto político
La promoción pública de un token por parte de una figura presidencial con amplísima presencia en redes generó una ola de atención mediática y de mercado. El repentino auge del activo digital —y su posterior desplome— fue interpretado por muchos como un error de juicio y por otros como una muestra de la volatilidad inherente al ecosistema cripto. El hecho expuso, además, debates sobre la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos al comunicar activos especulativos a audiencias masivas.
La trama andis: acusaciones, procesamientos y montos embargados
En paralelo a aquella controversia financiera, la investigación judicial sobre ANDIS se profundizó. El juez federal Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo por delitos que incluyen negociaciones incompatibles, defraudación por administración fraudulenta, cohecho pasivo y la participación en una asociación ilícita. El fallo incluyó un embargo por 202.828.725.464 pesos y calculó un perjuicio estimado al Estado por 30.337.220.919,77 pesos.
Cómo operaba, según el expediente
La investigación detalla que las contrataciones direccionadas habrían beneficiado a proveedores específicos mediante la manipulación de sistemas administrativos y la creación de procesos de compra paralelos. En ese circuito, se señalan sobreprecios y adjudicaciones que afectaron a beneficiarios vulnerables, en particular usuarios del programa Incluir Salud que dependen de prestaciones de alto costo conocidas como PACBI.
Actores privados y sospechas sobre laboratorios
La figura de la droguería Suizo Argentina, vinculada a la familia Kovalivker, apareció en los documentos judiciales como uno de los proveedores favorecidos. A raíz de esa mención se multiplicaron las sospechas acerca de la presión que grandes compañías farmacéuticas podrían haber ejercido sobre el trámite judicial, hasta el punto de que en Comodoro Py se habló de una activa reacción del sector frente a decisiones judiciales adversas.
Las controversias procesales y la revisión judicial
La causa ANDIS vivió además revueltas procesales: la intervención de las cámaras federales, la revisión de la validez de las pruebas (en particular los audios que originalmente implicaban a terceros) y el traslado del expediente a otro juzgado encendieron alarmas sobre la estabilidad del caso. Magistrados de alzada exigieron a Casanello fundamentar el rechazo a pedidos de nulidad y cuestionaron la cadena de custodia de ciertos elementos probatorios.
Audios, canales y teoría del «árbol envenenado»
Una pieza central de la disputa es la autenticidad y legalidad de varios mensajes de voz que aparecieron en medios y redes. La defensa invocó la doctrina del fruto del árbol envenenado para pedir la anulación de pruebas obtenidas a partir de ese material. Por su parte, organizaciones de verificación no detectaron pruebas concluyentes de manipulación, y la publicación de los audios fue atribuida a un canal de streaming vinculado a dirigentes del ámbito futbolístico, lo que añadió una capa de conflicto político-institucional.
Reacciones políticas, transparencia y percepción pública
En el plano político, las denuncias y el episodio cripto pusieron en discusión no sólo la conducta de quienes gestionan el poder, sino también cómo la ciudadanía pondera la agenda pública. Mientras algunos observadores subrayan que la economía y las promesas de gestión explicaron el respaldo electoral reciente, otros insisten en que los escándalos erosionan la confianza institucional y exigen respuestas más claras sobre transparencia y control de compras públicas.
Un dato añadidó: Transparency International ubicó al país fuera del top 100 en su medición, descendiendo de la posición 99 a la 104 con un puntaje de 36, un indicador que alimenta la conversación sobre corrupción y gobernanza.
Más allá de verlos como hechos aislados, conviene analizar cómo se entrelazan los intereses políticos, económicos y judiciales cuando la contratación pública y la salud de sectores vulnerables están en juego.
