Un paro general de 24 horas iniciado a la medianoche ha detenido buena parte del transporte público y limitado la actividad en oficinas y comercios en Argentina. Convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), el cese busca frenar un proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno del presidente Javier Milei, ya aprobado en el Senado y próximo a discutirse en la Cámara de Diputados.
La medida afecta a millones de trabajadores que dependen de colectivos, trenes y subtes, y obliga a muchos a quedarse en sus hogares. El gobierno, por su parte, pidió a algunos gremios de transporte que mantengan servicios mínimos y advirtió sobre conversatorios de emergencia con las organizaciones sindicales, reclamando que no se adopcan medidas que constituyan una «vulneración».
Qué propone la reforma y por qué genera rechazo
El paquete legislativo modifica varias reglas centrales del mercado laboral. Entre los puntos más controversiales figura la posibilidad de extender la jornada diaria hasta 12 horas mediante bancos de horas, que reemplazan la política tradicional de pago de horas extras por compensaciones en tiempo libre. El texto también propone una reconfiguración de las indemnizaciones, limitaciones al derecho de huelga mediante la catalogación ampliada de servicios esenciales y nuevas condiciones para las asambleas sindicales, que podrían requerir autorización previa y no ser computadas como tiempo remunerado.
Los sindicatos sostienen que estas modificaciones precarizan el empleo en un país donde casi el 40% de la fuerza laboral carece de contratos formales. Desde el oficialismo se argumenta lo contrario: que la reforma fomentará la creación de puestos formales y reducirá la informalidad al aliviar cargas para los empleadores.
Impacto inmediato del paro y participación sindical
La adhesión incluye a sectores clave: transporte terrestre y aéreo, bancos, administración pública, logística, comercio y recolección de residuos. Entre las consecuencias concretas, se anunciaron cancelaciones masivas de vuelos —entre ellas, 255 itinerarios de Aerolíneas Argentinas— y paralización de la mayoría de los servicios de tren y subte. Sindicatos como la UTA, La Fraternidad y agrupaciones del transporte integran la nómina de participantes, lo que explica la fuerte reducción de movilidad urbana y regional.
Además, gremios bancarios cerraron sucursales, asociaciones estatales suspendieron atenciones en organismos como ANSES, PAMI y AFIP, y los camioneros anunciaron interrupciones en la logística, la paquetería y la recolección. La CGT ha aclarado que la protesta de 24 horas no convoca a movilizaciones masivas, aunque otros sectores estatales y grupos de izquierda anunciaron marchas hacia el Congreso, profundizando la fractura interna del movimiento sindical.
Sectores productivos y cierres de plantas
La reforma llega en un contexto de dificultades industriales: más de 21.000 empresas cerraron en los últimos dos años según registros públicos, y los sindicatos estiman que cerca de 300.000 puestos de trabajo se han perdido desde la asunción del actual gobierno. Un impacto reciente se evidenció con el anuncio del cierre de la planta de la empresa Fate en Buenos Aires, que implicó la pérdida de aproximadamente 900 empleos y denuncias sobre la pérdida de competitividad frente a importaciones.
Controversias legales, prensa y el calendario legislativo
En el plano legal, gremios advierten que recurrirán a la justicia si la ley se sanciona tal como está redactada, y los cambios incluyen además la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) compuesto por aportes patronales destinados a asegurar indemnizaciones, con requisitos de antigüedad y periodos de espera. El proyecto incorpora también la transferencia de competencias de la Justicia Laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y límites a la ultraactividad de los convenios colectivos.
La sanción parcial en el Senado se produjo la semana pasada y ahora la iniciativa se debate en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo busca acelerar su tratamiento. Un punto de atención pública fue la decisión del Ejecutivo de establecer una «zona exclusiva» para la cobertura informativa de las protestas, una medida criticada por organizaciones de prensa por condicionar el trabajo periodístico.
Escenario político y próximas etapas
Mientras avanza la discusión legislativa, el presidente Milei seguirá el proceso desde Washington, donde participa en una reunión internacional. Si la Cámara baja aprueba el texto, algunos artículos muy cuestionados podrían ser ajustados para facilitar la sanción definitiva, tras lo cual podría haber nuevas demandas judiciales y una intensificación de la protesta social. Para los sindicatos, el conflicto no es solo técnico: representa una disputa sobre derechos laborales, condiciones de empleo y el modelo económico que quiere imponerse.
En síntesis, el paro nacional y la reforma laboral configuran un momento de alta tensión institucional y social, con efectos concretos en la movilidad, la atención pública y el funcionamiento de sectores estratégicos. A corto plazo, la disputa legislativa y las acciones gremiales marcarán la agenda política y económica del país.
