En las afueras de Caracas, más de dos centenares de detenidos del penal llamado Rodeo I comenzaron una huelga de hambre para exigir su inclusión en una reciente ley de amnistía que, según denuncian, los deja fuera por motivos administrativos y por tipologías de delito. La protesta arrancó la noche del viernes y reunió a familiares, defensores y organizaciones que siguen de cerca la situación de los presos políticos en el país.
Los parientes aseguran que la norma aprobada por el congreso no cubre los casos más frecuentes en ese centro penitenciario: las causas relacionadas con las fuerzas armadas o con acusaciones de terrorismo. Ante la alarma pública, por primera vez un equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja pudo acceder al penal para evaluar el estado de salud de los huelguistas y constatar las condiciones dentro de la unidad.
Origen de la protesta y perfil de los afectados
Según los familiares, alrededor de 214 personas permanecen en ayuno, entre venezolanos y extranjeros detenidos en Rodeo I. Yalitza García, quien identificó a uno de los huelguistas, explicó que su yerno, Nahuel Agustín Gallo, un oficial de la Gendarmería argentina, enfrenta cargos por terrorismo, una categoría expresamente excluida de la amnistía. La exclusión afecta a muchos internos porque las acusaciones vinculadas a la seguridad y al aparato militar son habituales en esa prisión.
Motivos legales y reclamos familiares
Los allegados sostienen que la ley deja fuera a quienes fueron procesados por «promover» o «facilitar» acciones armadas con apoyo extranjero, así como a miembros de las fuerzas de seguridad juzgados por actividades catalogadas por el gobierno como terroristas. Para los familiares, estas excepciones implican que la normativa no dará solución a gran parte de los detenidos que consideran presos políticos, lo que motivó la firma masiva del ayuno como forma de presión.
Contexto político y alcance de la amnistía
La ley fue impulsada por la líder interina Delcy Rodríguez en un paquete de reformas que, según el Ejecutivo, responde a exigencias externas y a una nueva etapa tras un episodio internacional que sacudió la política venezolana: el derrocamiento y captura del expresidente Nicolás Maduro el 3 de enero, hecho que desembocó en su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico. Rodríguez diseñó la norma en un marco de negociación y críticas por los vacíos que dejó abiertos.
Quiénes se benefician y quiénes quedan fuera
En términos globales, la legislación declara la amnistía para un universo amplio: incluye a unas 11.000 personas que a lo largo de casi tres décadas habían sido beneficiadas con libertad condicional o arresto domiciliario. Además, fuentes legislativas informaron que más de 1.500 presos políticos han solicitado acogerse al beneficio desde su promulgación. No obstante, las excepciones por delitos relacionados con la soberanía, la colaboración con actores extranjeros y el terrorismo dejan fuera a un número significativo de reos.
Reacciones, liberaciones y acción humanitaria
Mientras la crítica política señala que la reforma incorpora salvedades utilizadas anteriormente para perseguir opositores, en la práctica la amnistía ya ha permitido algunas liberaciones. El domingo cinco presos salieron de Rodeo I con papeles de excarcelación y fueron recibidos entre aplausos de familiares. La organización no gubernamental Foro Penal contabilizó 23 liberaciones en esa jornada.
Por otra parte, la llegada del CICR al penal fue valorada por los allegados como un avance: Filippo Gatti, coordinador de salud del organismo para Venezuela, dijo a los parientes que era la primera vez que les permitían acercarse a ese centro, calificándolo como un «primer paso». No todos los internos se han sumado a la huelga, según comentaron los familiares, pero la movilización dejó en evidencia la división causada por las exclusiones de la ley.
En el trasfondo de estas medidas está la figura de Nicolás Maduro, quien gobernó desde marzo de 2013 hasta enero de 2026, y que actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos junto a su esposa para responder a procesos por narcotráfico; Maduro, de 63 años, se declaró inocente y calificó su situación como la de un «prisionero de guerra». La pugna política y judicial que vive el país seguirá condicionando tanto el alcance de la amnistía como la respuesta institucional a las demandas de los presos y sus familias.
La situación en Rodeo I permanece tensa mientras organismos humanitarios, defensores de derechos humanos y el propio Estado evalúan la aplicación práctica de la norma, las solicitudes de amnistía y la salud de quienes han optado por el ayuno como forma de protesta.
