En medio de la implementación de la nueva ley de amnistía, más de 200 personas encarceladas por motivos políticos iniciaron una huelga de hambre para exigir su inclusión en las medidas de excarcelación. La protesta llama la atención sobre las excepciones previstas en la norma y sobre el elevado número de detenidos que, según organizaciones civiles, seguirían privados de libertad.
La ley de amnistía, promovida y promulgada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, se aprobó en la Asamblea Nacional y busca facilitar la reconciliación y la convivencia democrática. Sin embargo, el texto establece límites que dejan afuera a personas procesadas o condenadas por delitos graves, lo que ha generado rechazo en algunos sectores y motivado las movilizaciones de familiares y reclusos.
Contexto y alcance de la ley
El proyecto aprobado por la Asamblea Nacional contiene 16 artículos y fue firmado por Delcy Rodríguez en una ceremonia en el Palacio de Miraflores. Según los comunicados oficiales, la ley pretende cubrir casos desde 1999 hasta el presente, con la intención de promover la paz y ofrecer una salida política a procesos vinculados a la discordia nacional.
No obstante, la norma incluye exclusiones explícitas para quienes hayan cometido delitos considerados de mayor gravedad, como narcotráfico, homicidio, corrupción y violaciones de derechos humanos. Estas cláusulas son el núcleo del reclamo de los huelguistas, que sostienen que muchos de los encarcelados por razones políticas no han cometido crímenes de esa naturaleza.
Promulgación y discurso oficial
La promulgación se realizó el 19 de febrero de 2026 y en el acto la mandataria defendió la iniciativa como una herramienta para que el país aprenda a convivir sin odio. Delcy Rodríguez llamó a «pedir perdón y saber recibirlo» y urgió a que la Comisión de Revolución Judicial, encabezada por el vicepresidente sectorial, acelere la aplicación de la ley y revise casos no contemplados.
Reacciones y cifras en disputa
Fuentes oficiales aseguran que cientos de personas han sido liberadas tras la puesta en marcha de medidas previas a la ley; informes mencionan la excarcelación de alrededor de 448 individuos. Sin embargo, diversas organizaciones no gubernamentales y familiares de detenidos sostienen que todavía quedan aproximadamente 644 personas encarceladas por motivos políticos, cifra que alimenta la indignación y las protestas.
El contraste entre las cifras oficiales y las estimaciones de las ONG explica la insistencia de los huelguistas: exigen un proceso transparente y la revisión individualizada de cada caso para evitar arbitrariedades. A su vez, el Ejecutivo ha indicado que cada expediente se evaluará y que no se aplicará la amnistía a quienes tengan antecedentes por los delitos excluidos.
El papel de El Helicoide y otros recintos
Como parte del anuncio, Delcy Rodríguez informó sobre el cierre definitivo del centro conocido como El Helicoide, un símbolo de las detenciones más controvertidas en el país. El posible cierre de este recinto forma parte del mensaje gubernamental orientado a marcar un punto de quiebre respecto de prácticas pasadas, aunque la comunidad internacional y las ONG piden garantías concretas sobre las condiciones de liberación y la seguridad jurídica de los beneficiarios.
Antecedentes y elementos clave
El proyecto de amnistía fue propuesto el 30 de enero de 2026, en un contexto marcado por cambios políticos que incluyen la detención del exlíder Nicolás Maduro el 3 de enero, un hecho que según versiones oficiales impulsó el proceso de reformas y excarcelaciones previas.
Además, funcionarios del Gobierno han indicado que casos de venezolanos fuera del territorio, como migrantes con estatus migratorio en Estados Unidos, deberán evaluarse individualmente. El vicepresidente y otros voceros han subrayado la necesidad de procedimientos judiciales que marquen límites claros entre los beneficiarios y quienes queden excluidos por delitos graves.
Qué piden los familiares y las organizaciones
Los familiares y agrupaciones civiles piden la inclusión inmediata de los huelguistas en la lista de beneficiarios, revisión urgente de expedientes y transparencia en los criterios de exclusión. También demandan que la implementación de la ley vaya acompañada de medidas de reparación y garantías de reinserción social para quienes recuperen la libertad.
El desenlace dependerá de la celeridad en la revisión de casos y de la capacidad del Estado para conciliar seguridad, justicia y reconciliación.
