En la costa del Golfo de Tehuantepec, dos instalaciones destinadas a impulsar el turismo en Huatulco permanecen inmóviles y generan efectos que van más allá de la estética urbana. Por un lado, un ambicioso centro de convenciones diseñado para atraer eventos regionales e internacionales está legalmente intervenido; por otro, el histórico campo de golf Tangolunda se encuentra cerrado al público mientras su situación jurídica se discute en tribunales.
Ambos casos evidencian cómo la falta de resolución administrativa y jurídica puede convertir proyectos con viabilidad económica en activos varados que perjudican empleo, inversión local y la operación de negocios dependientes del flujo turístico.
El centro de convenciones: de catalizador prometido a evidencia judicial
El proyecto del centro de convenciones de Huatulco —promovido inicialmente como una inversión modesta de 70 millones de pesos dentro de un paquete de 118 obras anunciado en 2019— se transformó en un complejo arquitectónico de mayor envergadura. Tras la expansión del diseño y el encargo a TEN Arquitectos, el costo estimado subió a 323.7 millones de pesos, y la obra inició formalmente en febrero de.
Sin embargo, la estructura nunca llegó a operar de forma estable: quedó prácticamente terminada y fue inaugurada por el gobernador Alejandro Murat 48 horas antes de concluir su mandato en noviembre de. El 11 de diciembre de, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Oaxaca colocó actas de aseguramiento en el inmueble, declarando el edificio como evidencia en una investigación penal y suspendiendo cualquier actividad adicional en el sitio.
Diseño, costos y desafíos técnicos
El ambicioso planteamiento contemplaba un recinto de aproximadamente 11,000 metros cuadrados con un auditorio de 1,285 butacas y plazas públicas integradas al entorno de la marina de Chahué. Construir sobre terrenos ganados al mar impuso retos técnicos que influyeron en el aumento presupuestal y en los tiempos de ejecución, elementos que no fueron ajenos a la escalada del proyecto de una obra local a un disparador estratégico.
El campo de golf Tangolunda: clausura y disputa por uso del suelo
El campo de golf Tangolunda, conocido como Las Parotas Golf Club, fue inaugurado en 1991 como parte del diseño de resorts integrados promovido por FONATUR. Frente a pérdidas operativas, la dirección nacional firmó en 2012 una concesión por diez años con un operador privado que reimaginó el trazado bajo la autoría del arquitecto Agustín Pizá, reabriendo el campo en 2014 como una instalación de clase championship.
Al vencer la concesión en, el futuro del predio quedó en incertidumbre: inicialmente se habló de una venta con un precio referencial de 600 millones de pesos y con derecho de compra preferente para el concesionario. En octubre de, el gobierno federal comunicó que no recibió ofertas y anunció la intención de declarar el área parque nacional, decisión que derivó en el cierre administrativo del campo.
Clausura y mantenimiento bajo disputa
El 14 de marzo de, personal de la Guardia Nacional aseguró el acceso al campo para hacer efectiva la designación como parque, aunque los trabajos de mantenimiento han continuado en el sitio. Mientras tanto, recursos legales buscaron revertir o matizar la decisión, dejando una instalación funcional pero inaccesible en un limbo legal sin fechas claras para su resolución.
Consecuencias compartidas y lecciones sobre gobernanza
Los dos casos comparten una dinámica clara: no fracasaron por ausencia de demanda o propósito económico, sino por la incertidumbre derivada de procesos judiciales y decisiones administrativas que no cuentan con mecanismos ágiles para dirimir usos interinos. El resultado es la paralización de activos públicos que podrían generar empleo y dinamizar la economía local.
Cada año que pasa sin una solución representa oportunidades perdidas: plazas de trabajo que no se crean, ingresos turísticos que no se generan y una confianza erosionada entre inversores y comerciantes locales. Además, recursos públicos permanecen inmovilizados en infraestructuras que no operan ni como servicios públicos ni como motores de desarrollo.
Hacia soluciones temporales y mecanismos de gestión
Evitar que activos queden indefinidamente varados requiere herramientas que permitan uso provisional, apertura condicionada o acuerdos negociados mientras los procesos legales avanzan. Sin un camino intermedio, la inacción se convierte en la decisión por defecto y los costos se acumulan.
La experiencia de Huatulco sirve como advertencia para otras localidades: proyectar, construir y anunciar obras no garantiza beneficio automático; la gobernanza, la transparencia y la previsión jurídica son tan determinantes como la inversión física para que las infraestructuras cumplan su función.
