La desaparición de 10 mineros en el área de Concordia, Sinaloa, se mantiene como un caso de alta prioridad para las autoridades mexicanas. El convoy de trabajadores salió del campamento el 23 de enero y desde entonces varias diligencias han permitido localizar restos humanos en una fosa clandestina cercana al lugar de la explotación. Hasta el momento se han recuperado catorce cuerpos en el sitio y cinco han sido identificados por sus familias.
La pesquisa, integrada por la Fiscalía General de la República y otras instancias federales de seguridad, se desarrolla con el objetivo de esclarecer responsabilidades y motivaciones. El gobierno federal ha indicado que no se conforma con las primeras versiones aportadas por personas detenidas, y que revisará tanto la hipótesis de confusión de identidad como la posibilidad de un esquema de extorsión dirigido a la compañía involucrada, Vizsla Silver.
Hallazgos forenses y avances en la búsqueda
La localización de restos en el poblado de El Verde, a aproximadamente cuarenta kilómetros del yacimiento, fue el resultado de trabajos de campo y de inteligencia. Equipos periciales han recuperado catorce cuerpos en total; cinco ya fueron reconocidos por los familiares como trabajadores de la mina. Entre los identificados figuran José Ángel Hernández Vélez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Manuel Castañeda Hernández, José Antonio Jiménez y Jesús Antonio de la O. La identificación y las autopsias siguen en proceso para determinar causas precisas de muerte y posibles lesiones que permitan reconstruir la secuencia de hechos.
Líneas de investigación y declaraciones oficiales
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que cuatro detenidos, presuntos integrantes de una célula vinculada a Los Chapitos, señalaron que los mineros fueron «confundidos» con miembros de una banda rival. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha subrayado que la Fiscalía no debe conformarse con esa sola versión y que la pesquisa es a fondo. Los investigadores están recabando testimonios de familiares, compañeros de trabajo y representantes del sector minero para completar el retrato de lo ocurrido.
Posible cruce entre crimen organizado y actividades mineras
Además de la hipótesis de la confusión de identidad, no se descarta que grupos criminales puedan haber intentado extorsionar a la empresa o ejercer presiones sobre el personal. La dirección de la mina ha declarado que mantiene procedimientos de gobernanza y seguridad, que coopera con las autoridades y que brinda apoyo a las familias afectadas. Las autoridades, por su parte, han indicado que consultarán a la cámara del sector minero para determinar si existían denuncias previas de hostigamiento, extorsión o robo de material y equipos.
Reacciones de la empresa y llamados de la sociedad
En un comunicado, Vizsla Silver afirmó su compromiso con las mejores prácticas de seguridad y con el cumplimiento de la normativa mexicana y canadiense. La firma también aseguró que mantiene contacto directo con los familiares y ofrece ayuda financiera y acceso a servicios de apoyo. Michael Konnert, presidente de la compañía, expresó solidaridad con las familias y dijo que la empresa apoya la investigación y se muestra atenta al bienestar del personal restante.
Presión de asociaciones y exigencia de resultados
Colectivos de ingenieros y asociaciones del ramo han pedido que el caso no quede impune y han exigido la localización de los trabajadores que aún permanecen desaparecidos. Estos reclamos recuerdan episodios pasados en los que la falta de esclarecimiento y la demora en la recuperación de cuerpos generó un fuerte desgaste social. La sociedad civil exige transparencia, resultados claros en las indagaciones y responsabilidad institucional.
El gobierno federal dispuso apoyos en seguridad para la zona y las fuerzas federales han realizado detenciones relacionadas con el caso. Las autoridades reiteran que la línea de investigación es amplia: además de corroborar las declaraciones de los detenidos sobre una posible confusión de identidad, se explorarán vínculos con el crimen organizado, la posible existencia de redes de extorsión y cualquier responsabilidad empresarial o administrativa que las pruebas permitan determinar.
Mientras continúan las labores periciales y la búsqueda de los desaparecidos, las familias y la comunidad de Concordia enfrentan un proceso doloroso de identificación y duelo. El Estado, las empresas y la sociedad civil se encuentran ante la responsabilidad compartida de garantizar verdad y justicia para las víctimas y sus allegados, y de tomar medidas que eviten la repetición de hechos semejantes en zonas mineras en disputa por grupos armados.
