El presidente Gustavo Petro comunicó públicamente su decisión de que Colombia comience a retirarse de los tratados de protección a inversores que permiten a empresas extranjeras demandar a Estados ante tribunales internacionales. En una publicación en la plataforma X el mandatario señaló que acepta la invitación enviada por más de 200 economistas para transformar el actual régimen de inversión global. Esta postura coincide con la preparación del país para ser coanfitrión de la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los combustibles fósiles, un foro donde el tema del arbitraje de inversión estará en el centro del debate.
La decisión pública y la carta firmada por 220 académicos —fechada el 20/03/2026— buscan articular un cambio que trascienda medidas unilaterales. Los firmantes advierten que el arbitraje de inversión permite a inversionistas extranjeros eludir los tribunales nacionales y reclamar compensaciones millonarias en tribunales arbitrales. Según la misiva, este sistema es asimétrico por diseño y puede limitar la capacidad estatal para implementar políticas públicas, especialmente en materia de acción climática y la reducción de combustibles fósiles.
Qué es el arbitraje de inversión y por qué genera rechazo
El arbitraje de inversión es un mecanismo que se incorporó en miles de acuerdos internacionales y que otorga a las empresas la posibilidad de demandar a los Estados ante paneles arbitrales extrajudiciales. En la práctica, estos procesos suelen centrarse en reclamaciones por pérdidas de beneficios alegadas por las compañías. El término ISDS (mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados) resume esta práctica: permite que actores privados invoquen protecciones que no están disponibles para empresas nacionales o ciudadanos, lo que da pie a discusiones sobre soberanía regulatoria y equilibrio entre inversión y interés público.
Críticas principales
Entre las críticas más repetidas aparecen la potencial erosión de la potestad regulatoria estatal, la falta de transparencia en muchos arbitrajes y la acumulación de sentencias y laudos que obligan a los gobiernos a pagar sumas elevadas. Los autores de la carta señalan que, aunque se justifica como una garantía para atraer capital extranjero, la evidencia empírica no muestra una relación clara entre la inclusión de estos mecanismos y mayores flujos de inversión. Países que han crecido como receptores de capital, como Brasil, no adoptaron ampliamente este tipo de arbitraje y otros Estados han comenzado a retractarse.
Riesgos concretos para Colombia
Colombia enfrenta una exposición real: el país mantiene al menos 18 acuerdos que incorporan el arbitraje de inversión y cerca de 129 proyectos de hidrocarburos que podrían ser objeto de reclamaciones si se implementan medidas de transición energética. Bajo la actual administración se han detenido nuevas firmas de exploración y se impulsa una agenda para abandonar gradualmente los combustibles fósiles, acciones que podrían motivar demandas internacionales. Los expertos advierten que la posibilidad de reclamaciones por miles de millones convierte estas decisiones en un desafío fiscal y político.
Casos internacionales relevantes
El fenómeno no es hipotético: los Países Bajos, coanfitrión de la citada conferencia, enfrenta litigios de empresas como ExxonMobil y Shell por medidas relacionadas con la explotación de gas. A nivel global, Estados como Sudáfrica, India, Indonesia, Ecuador y Bolivia han denunciado o revisado acuerdos por considerar que el régimen de arbitraje no responde a sus intereses nacionales. Instrumentos multilaterales y regionales también han cambiado: el T-MEC eliminó o restringió el arbitraje entre ciertos socios, y varios Estados de la Unión Europea han abandonado tratados bilaterales o el Tratado sobre la Carta de la Energía.
Qué propone la carta y cuál es el siguiente paso
La carta firmada por 220 economistas y juristas propone que Colombia aproveche la conferencia en Santa Marta para impulsar una alianza internacional que inicie un desmontaje del sistema. Entre los firmantes se cuentan figuras como Joseph Stiglitz, Thomas Piketty y Ha-Joon Chang, quienes piden coordinar retiradas y reformas que permitan a los Estados regular en favor del interés público sin el riesgo de demandas multimillonarias. El 25/03/2026, al anunciar su aceptación de esa invitación, el presidente Petro abrió la puerta a un proceso que incluye tanto acciones internas como llamadas a la cooperación internacional.
Implicaciones y desafíos
Un retiro unilateral de tratados puede reducir exposición, pero los expertos insisten en que una reforma duradera requiere coordinación entre Estados, porque muchos acuerdos son bilaterales y multirregionales. La propuesta es combinar medidas domésticas —revisar acuerdos vigentes y evitar nuevos compromisos que incluyan ISDS— con una estrategia diplomática para conformar una coalición que redefina las reglas globales de inversión. Si prospera, la iniciativa dejaría un legado en la gobernanza climática y económica internacional.
Conclusión
La iniciativa liderada por Colombia y respaldada por académicos de renombre plantea un giro significativo en las relaciones entre Estado e inversión extranjera. Al vincular la agenda climática con la reforma del régimen de inversión, el país busca proteger su política pública frente a demandas y promover un nuevo marco que equilibre inversión y derecho a regular. El desarrollo de este proceso en las próximas etapas será clave para saber si la propuesta se queda en una declaración o se convierte en un patrón replicable a nivel internacional.
