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En un hecho que ha generado una ola de indignación, un grupo de guardias de seguridad municipales en Viña del Mar fue grabado agrediendo brutalmente a una persona en situación de calle. Este incidente ocurrió en el contexto de un procedimiento relacionado con un robo en la calle Etchevers. Las imágenes del ataque han circulado ampliamente en redes sociales, provocando reacciones de repudio por parte de la comunidad y autoridades.
Reacciones de la municipalidad y la alcaldesa
La municipalidad de Viña del Mar no tardó en reaccionar ante este escándalo. En un comunicado oficial, se anunció que los guardias involucrados han sido separados de sus funciones mientras se lleva a cabo una investigación exhaustiva sobre el procedimiento que llevaron a cabo. La alcaldesa Macarena Ripamonti también se pronunció al respecto, condenando enérgicamente el acto y asegurando que se están tomando medidas inmediatas para abordar la situación.
Compromiso con los derechos humanos
El diputado Cuello también expresó su preocupación, calificando la golpiza como un acto de brutalidad inaceptable. En sus declaraciones, valoró la rápida respuesta de la alcaldesa, quien desvinculó a los funcionarios implicados. “El respeto de los derechos humanos es un mínimo que no se puede relativizar bajo ninguna circunstancia”, afirmó, subrayando la importancia de garantizar la dignidad de todas las personas, independientemente de su situación social.
Investigaciones en curso
Las autoridades han iniciado una investigación formal y han contactado a la Fiscalía Regional para colaborar en el proceso. Se espera que se tomen acciones administrativas adicionales y que se presente una denuncia ante el Ministerio Público. Este tipo de incidentes pone de relieve la necesidad de una revisión profunda de los protocolos de actuación de los guardias de seguridad y la importancia de la formación en derechos humanos para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
La comunidad de Viña del Mar se encuentra en un estado de alerta y reflexión tras este suceso, que no solo afecta a la víctima directa, sino que también plantea interrogantes sobre el trato hacia las personas en situación de vulnerabilidad en la ciudad. La respuesta de las autoridades será crucial para restaurar la confianza y asegurar que se respeten los derechos de todos los ciudadanos.
