El homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante la celebración del Festival de Velas el 1 de noviembre de 2026 continúa generando repercusiones judiciales y políticas. En una acción pública realizada en Morelia, su esposa, la alcaldesa Grecia Quiroz, presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia formal el 17 de febrero de 2026 en la que señala a tres figuras públicas como presuntos responsables intelectuales del crimen.
La documentación entregada incluye grabaciones en las que, según la querella, el propio Manzo advierte sobre posibles agresiones contra su vida y especifica a quién responsabilizaría en caso de ocurrir. Con estas pruebas, Quiroz solicita que la pesquisa no se limite a los ejecutores materiales, sino que se abra investigación contra quienes presuntamente orquestaron el ataque.
La denuncia y las pruebas presentadas
En la carpeta que la alcaldesa puso en manos de la FGE se incorporaron audios y videos que, de ser verificados, implicarían a tres políticos señalados: Leonel Godoy (exgobernador y senador), Raúl Morón (senador) y Ignacio Campos (ex presidente municipal). La presentación pública se hizo acompañada por cientos de simpatizantes y se enfatizó que las pruebas provienen de grabaciones realizadas por el propio Manzo antes de su muerte. El objetivo declarado es que se articulen carpetas de investigación contra las personas señaladas y que se garantice el avance imparcial del caso.
Demandas y alcance de la investigación
La alcaldesa ha pedido de manera explícita que el Ministerio Público cite a los acusados a declarar y que, por la relevancia del caso y la sospecha de influencias políticas, sea la autoridad federal la que atraiga la investigación. En su petición menciona la necesidad de contar con garantías de imparcialidad y subraya que la pesquisa no puede detenerse en quienes accionaron el arma, sino que debe alcanzar a quienes, desde el poder, podrían haber facilitado o instigado el crimen.
Detenciones y evidencias en curso
Paralelamente al proceso de denuncia política, las fiscalías han avanzado en diligencias operativas. Entre los detenidos figura un sujeto conocido mediáticamente como «El Congo», a quien las autoridades vinculan con la planeación del ataque. El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, negó reportes de un infarto y aseguró que el detenido presenta condiciones de salud como diabetes y presión alta, pero que fue estabilizado para continuar con las audiencias. En el momento de su detención se aseguraron narcóticos y otros objetos que ahora forman parte de las pruebas.
Evidencia técnica y peritajes
Las autoridades realizan extracción y análisis del contenido del teléfono celular del detenido y de otras piezas probatorias, con el propósito de identificar comunicaciones y posibles integrantes de una red que habría coordinado el homicidio. Se menciona la existencia de un grupo de mensajería donde, según la investigación, se organizaron tareas vinculadas al ataque. Además, los videos entregados por la alcaldesa son sometidos a cotejo para verificar su autenticidad y su utilidad en la reconstrucción de los hechos.
Implicaciones políticas y opciones legales
La acusación pública contra personajes relevantes del partido Morena coloca al caso en una dimensión política que la propia denunciante ha querido despegar de la retórica partidaria, pidiendo que prevalezca la búsqueda de verdad. Si la FGE no actúa de forma plena ante las pruebas, la próxima ruta sería que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación; de lo contrario, advierten quienes siguen el caso, existiría el riesgo de percepción de encubrimiento.
Repercusiones para el sistema de justicia
La exigencia de la familia y de la presidenta municipal apunta a establecer precedentes sobre cómo se investigan delitos en los que se señalan actores políticos. La insistencia en que se investigue tanto a autores materiales como a los autores intelectuales pone en relieve cuestiones sobre la independencia de las fiscalías, la cadena de custodia de las pruebas y la obligación de transparentar cada paso del proceso para recuperar la confianza pública.
El caso sigue en desarrollo y, mientras se realizan peritajes y audiencias, la sociedad de Michoacán y del país espera claridad sobre la participación real de los señalados y la decisión de las autoridades sobre la atracción o no del expediente. La combinación de pruebas técnicas, testimonios y la presión pública configurará los pasos siguientes de una investigación que ha puesto en el centro la demanda de justicia.
