En una vivienda del barrio Robledo, comuna 7 de Medellín, las autoridades lograron el 12 de febrero la captura en flagrancia de nueve personas vinculadas a una subestructura de La Oficina dedicada al sicariato contra extranjeros. El operativo, impulsado por una denuncia anónima, sacó a la luz un esquema complejo que combinaba comunicaciones codificadas, pagos en criptomonedas y prácticas que buscaban garantizar la impunidad de los encargos.
Los detenidos, descritos por las autoridades como de perfil bajo y sin antecedentes, tenían en la residencia 29 teléfonos móviles, tres computadores portátiles, dos tabletas, ocho armas —entre ellas una subametralladora— y munición. Documentos, fichas y formatos impresos hallados en el lugar permiten reconstruir cómo esta célula sistematizaba objetivos y precios por encargo.
Una estructura ‘premium’ con métodos mixtos
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó públicamente a este grupo como la Oficina Premium, apelativo que responde tanto al perfil de las víctimas como a la sofisticación del servicio. Según fuentes judiciales, los encargos se dirigían a ciudadanos extranjeros de alto perfil y los pagos se habrían hecho mediante Bitcoin, con montos que, en investigaciones preliminares, oscilan entre los 400.000 y 500.000 dólares por víctima.
Registro y mercancía: cómo operaban
En un archivo antiguo encontrado en la casa, la policía halló formatos que servían como fichas de los blancos. Esos documentos contenían datos personales, fotografías y una codificación del precio por ejecución. La existencia de ese sistema da cuenta de un nivel organizativo superior al de una banda de sicarios convencional: no sólo ejecutaban, también administraban el catálogo de objetivos.
Vínculos con homicidios recientes a ciudadanos extranjeros
La pesquisa inicial conecta a la célula con el asesinato de al menos cuatro extranjeros en el último año: un ciudadano albanés, un mexicano, un canadiense y un colombo‑estadounidense. En algunos casos la relación es directa por coincidencia de fechas y modus operandi; en otros dependerá del cotejo balístico y el análisis forense de las evidencias incautadas.
Casos emblemáticos mencionados en la investigación
Entre los homicidios que las autoridades siguen está el de Artur Tushi, de 44 años, asesinado frente al centro comercial Santa Fe el 5 de octubre de 2026. Las pesquisas sobre su trayectoria internacional y el pago recibido por sus homicidas constituyeron una pista relevante. Otro caso es el del colombo‑canadiense Jonathan Christopher Acevedo García, testigo clave del FBI en un proceso contra el exatleta Ryan Wedding; documentos del Buró vinculan a La Oficina con la coordinación del atentado contra Acevedo, para el cual se ofrecieron sumas millonarias.
Finalmente, las indagaciones relacionan la célula con el crimen del empresario mexicano Horacio Pérez Ledesma, asesinado en Provenza; en ese expediente hay imputaciones y condenas que apuntan a coordinadores que viajaron desde otras ciudades para planear el homicidio.
Elementos probatorios y líneas de investigación
Los objetos incautados —armas, munición, equipos electrónicos y registros— y el material documental encontrado en la vivienda serán determinantes para avanzar en la judicialización. Entre las pruebas destacan transacciones en Bitcoin y registros de comunicaciones que permiten trazar contactos entre quienes ordenaban los crímenes y los ejecutores.
Los investigadores además hallaron indicios de prácticas rituales, como altares y símbolos vinculados a cultos usados en el bajo mundo para propiciar protección o mostrar lealtad. Aunque dichos elementos no son prueba directa de participación penal, sí aportan contexto sobre la cultura operativa del grupo.
Próximos pasos
La Fiscalía y la Policía continuarán con peritajes balísticos, análisis de las comunicaciones y seguimientos a las rutas financieras ligadas a las criptotransacciones. Las indagaciones buscan identificar a los autores intelectuales y desarticular las conexiones entre esta subestructura y redes internacionales que, según informes, han encontrado en Medellín un punto estratégico para expandirse.
Mientras tanto, los capturados enfrentan cargos que incluyen concierto para delinquir y homicidio, y las autoridades mantienen la línea de investigación sobre la implicación de terceros que contrataron los servicios mediante pagos en criptomonedas. La operación sirve como ejemplo de cómo las organizaciones criminales actuales fusionan métodos tradicionales con tecnología financiera para encubrir sus negocios.
