El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicó en un acto público el compromiso del Ejecutivo con la reducción de la desigualdad y anunció la puesta en marcha de un ambicioso estudio para entender las causas que configuran las trayectorias vitales desde la infancia. El trabajo estará liderado por el CSIC, en colaboración con el INE y la Oficina de Prospectiva y Estrategia de la Presidencia, y persigue orientar políticas públicas con evidencias sólidas.
En el mismo discurso, Sánchez dirigió duras críticas hacia las grandes fortunas y hacia la oposición, a la que reprochó prácticas que, a su juicio, perpetúan un statu quo de desigualdad. Reclamó que quienes se benefician del crecimiento económico asuman su parte: pagar impuestos y ofrecer salarios dignos. La intervención combinó diagnóstico con anuncio institucional y con una respuesta irónica a las descalificaciones de la derecha sobre el Gobierno.
El estudio sobre trayectorias vitales: propósito y alcances
El proyecto anunciado por el Ejecutivo tiene como objetivo identificar los factores sociales, económicos y territoriales que condicionan las oportunidades desde edades tempranas. Liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se integrarán datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Oficina de Prospectiva, con el fin de ofrecer un diagnóstico que sirva de base para medidas concretas.
Entre las finalidades figura diseñar políticas públicas más eficaces y equitativas, orientadas a corregir desajustes estructurales que se traducen en pobreza, precariedad laboral o falta de acceso a servicios básicos. El estudio pretende, además, facilitar comparaciones territoriales que permitan identificar zonas con mayor necesidad de intervención.
Metodología y actores implicados
La colaboración interinstitucional combinará análisis estadístico, investigaciones cualitativas y modelos de prospectiva. La intención es disponer de un mapa robusto de las desigualdades en trayectorias vitales para orientar intervenciones desde la infancia hasta la inserción laboral. La participación del CSIC aporta capacidad investigadora; el INE garantiza la calidad de los datos y la Oficina de Prospectiva aporta visión estratégica.
Reacciones políticas y medidas conexas
La agenda pública no se limitó al anuncio del estudio. La Xunta de Galicia comunicó la decisión de no conceder la Autorización Ambiental Integrada al proyecto de la empresa Altri en Palas de Rei, tras masivas protestas ciudadanas. Tanto el PSOE gallego como el BNG celebraron la resolución, atribuyéndole la retirada a la movilización social y a la falta de una conexión eléctrica garantizada por el Gobierno central.
Los nacionalistas y socialistas locales defendieron que Galicia merece un modelo industrial que respete recursos y comunidades, mientras que la Xunta justificó la paralización por la ausencia de condiciones imprescindibles para la puesta en marcha de la planta. La decisión añade un capítulo relevante a la discusión sobre desarrollo industrial y transición ecológica en territorios con tensiones sobre uso del suelo y energía.
Incidencia en el debate nacional
El caso Altri alimenta un debate más amplio sobre proyectos industriales, participación ciudadana y planeamiento energético. Los partidos de izquierdas celebraron la cancelación como una victoria de la sociedad civil, mientras que adversarios políticos y sectores empresariales plantean el coste que supone para la inversión y el empleo. El episodio refleja la tensión entre desarrollo y sostenibilidad presente en otras decisiones públicas.
Otros asuntos destacados en la jornada política
La ministra de Igualdad ofreció su disposición a reunirse con la mujer que ha presentado una denuncia contra un alto mando policial, subrayando que nada de lo que afecte a víctimas es ajeno a su departamento. La titular insistió en que su despacho está abierto a escuchar y apoyar a las personas afectadas, una respuesta que enlaza con la atención institucional ante denuncias de agresión o acoso.
En el ámbito de Interior, miembros del Gobierno defendieron la actuación administrativa tras la denuncia contra el ex número dos de la Policía, resaltando que se actuó con rapidez y contundencia una vez conocida la denuncia. Las reacciones gubernamentales insistieron en que no hubo encubrimiento y que la respuesta fue inmediata, pese a la polémica política generada.
En otro frente, la oposición y grupos locales cuestionaron que la mujer del alcalde de Alicante cobre el alquiler de una VPO adquirida hace años y nunca habitada por la titular, una situación que ha sido calificada por partidos como escandalosa. El debate sobre la finalidad y el uso de las viviendas protegidas vuelve a situarse en la agenda municipal y autonómica.
En conjunto, la jornada combinó un anuncio técnico‑científico con episodios políticos de alto impacto social. El Gobierno busca traducir el estudio del CSIC en políticas concretas para combatir la desigualdad, mientras que la sociedad y los partidos siguen disputando qué modelo de desarrollo e instituciones se deben priorizar.
