El máximo tribunal administrativo del país, el Consejo de Estado, dejó en suspenso de manera provisional el aumento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro. El ajuste, cercano al 23-23,7% según las cifras oficiales, había fijado el ingreso mensual alrededor de $2 millones incluyendo el auxilio de transporte, pero ahora queda sujeto a la decisión final del tribunal.
Ante la medida, la Presidencia informó que expedirá un decreto transitorio y convocó a una mesa de concertación con representantes del sector empresarial y los sindicatos. El Gobierno dispone de ocho días para emitir el acto administrativo provisional que regirá hasta que el Consejo de Estado emita un fallo de fondo.
Qué determinó el Consejo de Estado y qué implica la suspensión
La decisión del Consejo de Estado es de carácter provisional: suspende la eficacia del acto administrativo que había establecido el alza salarial mientras se revisa su legalidad en profundidad. En términos prácticos, esto significa que la vigencia del aumento queda interrumpida hasta que el tribunal resuelva definitivamente. Aunque parte de la cifra comunicada por el Gobierno era de 23,7%, en algunos documentos administrativos el incremento aparece cercano al 23%; lo esencial es que el ajuste buscaba garantizar un salario vital que protegiera el poder adquisitivo de los trabajadores.
Consecuencias inmediatas
La suspensión genera incertidumbre entre empleadores y trabajadores. Algunas empresas ya habían aplicado el incremento en sus nóminas y ahora enfrentan preguntas sobre regularización y posibles devoluciones. El Ejecutivo anunció que presentará recursos para impugnar la suspensión y que, en paralelo, expedirá el decreto transitorio que mantendrá la orientación del salario vital mientras se resuelve el proceso judicial.
La respuesta del gobierno y la convocatoria a la concertación
El presidente Gustavo Petro aseguró que el nuevo decreto se ajustará a la Constitución y reafirmó el compromiso con el principio del salario vital y móvil, consagrado en el artículo 53 de la Carta Magna. Además, el Gobierno convocó a una reunión de concertación a la que fueron citados representantes empresariales y sindicatos; según el anuncio oficial, el encuentro tendrá lugar el lunes 16 de febrero a las 10 de la mañana en la sede del Ministerio del Trabajo.
Actores y agenda de la reunión
La reunión estará presidida por el Ministerio del Trabajo y contará con la participación de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. El ministro Antonio Sanguino señaló que se discutirán los elementos técnicos del decreto transitorio, así como estudios sobre la incidencia del aumento salarial en los precios de algunos alimentos, la evolución de la tasa de interés y su impacto en el empleo y el déficit fiscal.
Argumentos legales y posicionamientos políticos
En su mensaje, el presidente expuso que el decreto inicial cumplía con los requisitos constitucionales y económicos exigidos por la normativa para preservar el poder adquisitivo. A su vez, advirtió que anular medidas que protejan el salario puede representar un riesgo para las garantías constitucionales relacionadas con el ingreso mínimo. Desde el Gobierno se plantea la necesidad de construir un pacto social que trascienda intereses particulares del sector privado.
El Ejecutivo anunció además que apelará la decisión del Consejo de Estado, al tiempo que prepara el acto administrativo provisional que tendrá carácter transitorio. El objetivo oficial es mantener la orientación de un salario vital mientras se solventa la controversia judicial y se alcanzan acuerdos en la mesa tripartita.
Preguntas clave que quedan abiertas
Quedan por aclarar varios puntos prácticos: cómo se regularizará la situación de quienes ya recibieron el aumento, de qué manera el decreto transitorio garantizará la estabilidad jurídica y económica de empleadores y empleados, y qué medidas complementarias se propondrán para mitigar efectos en precios y empleo. El Gobierno ha adelantado que los debates técnicos sobre estas variables formarán parte de la agenda de concertación.
En síntesis, el episodio coloca en el centro del debate la tensión entre la protección del poder adquisitivo de los trabajadores y las preocupaciones sobre la repercusión económica del ajuste. Mientras el Consejo de Estado define el fondo del asunto, el Ejecutivo maniobra con un decreto transitorio y una invitación a la concertación para buscar una salida que combine legalidad, sostenibilidad fiscal y consenso social.
