El bloque oficialista anunció que el Senado obtuvo dictamen del proyecto de Régimen Penal Juvenil, un avance que prepara su tratamiento en el recinto la semana próxima. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, difundió el resultado y remarcó la intención del gobierno de convertir la iniciativa en ley a la brevedad.
La norma ya había pasado por la Cámara de Diputados, donde consiguió media sanción con una amplia diferencia: fue votada a favor por 149 legisladores y en contra por 100. Desde el Ejecutivo se celebró el dictamen y se resaltó que la propuesta introduce cambios sustanciales tanto en la edad de imputabilidad como en el sistema de sanciones para menores.
Qué modifica la propuesta
Uno de los ejes centrales del texto es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Este punto es el que articula gran parte del debate público y político, porque implica reconocer a adolescentes de 14 y 15 años como sujetos de responsabilidad penal en determinadas circunstancias. El proyecto también propone reemplazar una ley vigente desde la etapa de la dictadura por un régimen especial que contemple medidas diferenciadas para jóvenes infractores.
Rangos de pena y prohibiciones
El texto establece límites claros: no contempla la pena de prisión perpetua para menores. En cambio, fija máximos de hasta 15 años de prisión para delitos graves cometidos por aquellos incluidos en el nuevo régimen. Asimismo, la iniciativa determina que los condenados jóvenes deben cumplir sus penas en espacios separados de los adultos, con programas de contención y medidas de reinserción.
Alternativas a la privación de libertad
Otra pieza clave de la reforma es la priorización de sanciones no privativas de la libertad en ciertos casos. Para condenas inferiores a tres años, la prisión queda descartada, favoreciéndose alternativas con un enfoque educativo y social. Para penas que oscilen entre tres y diez años vinculadas a delitos que no causaron muerte ni lesiones graves, la ley prioriza igualmente medidas orientadas a la resocialización antes que el encierro.
Medidas complementarias y enfoque de reinserción
El régimen proyectado incorpora herramientas como medidas socioeducativas, programas de formación y obligaciones comunitarias que actúan como complementos a las sanciones. La intención oficial es que estos instrumentos funcionen para reducir la reincidencia y facilitar la incorporación social del joven tras cumplir la sanción, poniendo énfasis en la reparación y en la capacitación.
Trámite legislativo y posicionamientos
La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados el 12 de febrero con 149 votos a favor y 100 en contra. En esa votación se registraron respaldos de bloques oficialistas y aliados, mientras que se opusieron legisladores del peronismo, la izquierda, Elijo Catamarca y Defendamos Córdoba. Tras obtener dictamen en comisión del Senado, el proyecto se prepara para su debate en el recinto la semana siguiente al pronunciamiento en comisión.
Desde el gobierno se celebró el avance legislativo: la firma del dictamen también fue destacada por el presidente Javier Milei desde el extranjero. En tanto, referentes de la oposición y organizaciones sociales mantienen reservas y críticas centradas, en muchos casos, en la reducción de la edad de imputabilidad y en la necesidad de garantizar recursos para los programas de reinserción.
Implicaciones prácticas y desafíos
Si la ley se aprueba en el Senado tal como fue dictaminada, habrá un cambio notable en la respuesta estatal frente a los delitos cometidos por adolescentes. La puesta en marcha del régimen especial exigirá inversiones en infraestructura para alojar a menores en unidades separadas, capacitación de equipos técnicos y la implementación efectiva de medidas socioeducativas. Sin esos recursos, expertos advierten que la letra norma puede quedar sin impacto real.
En síntesis, el dictamen del Senado marca un paso decisivo en la reforma del sistema de justicia juvenil: modifica la edad de imputabilidad, ofrece un abanico de sanciones y prioriza alternativas a la cárcel en penas cortas, pero su eficacia dependerá de la asignación de recursos y del diseño operativo de las medidas de reinserción.
