En un giro que ha generado debate, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno mantiene un estudio para evaluar la posibilidad de permitir fracking en condiciones que reduzcan su impacto ambiental. La propuesta apunta a combinar tecnologías y prácticas como el uso de aguas recicladas y controles estrictos, con el objetivo declarado de aumentar la producción nacional de gas natural y avanzar hacia la soberanía energética.
La mandataria recordó que gran parte del gas que México consume proviene de Estados Unidos, y que muchas plantas eléctricas del país dependen de ese suministro. Al mismo tiempo, subrayó que aún no existe una decisión final: se trata de un análisis técnico que será público y que, en su planteamiento, contempla la consulta y el consentimiento de las comunidades locales antes de autorizar cualquier proyecto.
Contexto y motivaciones del cambio
Durante años la postura oficial rechazó la fractura hidráulica; sin embargo, la discusión actual surge por la conjunción de tres factores: la alta dependencia de importaciones, la identificación de reservas en estados como Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, y la aparición de propuestas para minimizar efectos ambientales. En paralelo, el plan estratégico decenal de Pemex contempla métodos para explotar recursos no convencionales que podrían aumentar la producción de gas, con una estimación de adición acumulada cercana a 303 mil millones de pies cúbicos hacia el horizonte señalado.
Producción y cifras económicas
Distintas fuentes han presentado números dispares: algunos análisis privados apuntan a que la explotación mediante fractura podría requerir inversiones muy altas, con estimaciones de hasta US$308,000 millones para desarrollar proyectos extensos en yacimientos no convencionales. Por otro lado, versiones más moderadas señalan que la reactivación de pozos ya evaluados podría demandar desembolsos mucho menores, del orden de cientos de millones o menos.
Aspectos técnicos y precauciones propuestas
El debate técnico gira en torno a la posibilidad de aplicar nuevas prácticas para mitigar los riesgos tradicionales del fracking. Entre las medidas que el gobierno y especialistas consideran están el uso de aguas recicladas en lugar de agua dulce, tecnologías de menor consumo hídrico, diseños de pozos y procesos de inyección con controles más estrictos, así como esquemas de gestión de químicos y manejo de residuos que busquen evitar la contaminación de acuíferos.
Condiciones vinculadas a la comunidad y la regulación
La presidencia ha enfatizado que cualquier autorización tendría que contar con la aceptación de las comunidades afectadas y con marcos regulatorios reforzados. Expertos consultados por el gobierno favorecen supervisión estatal durante toda la cadena de extracción y estándares ambientales más exigentes para garantizar transparencia y seguridad. Además, se ha reiterado que cualquier avance sería comunicado públicamente como parte del estudio.
Reacciones y resistencia
Organizaciones ambientalistas y redes civiles han reaccionado con escepticismo y rechazo. La Alianza Mexicana contra el Fracking, integrada por decenas de ONGs, publicó argumentos contra la técnica, alertando sobre riesgos de contaminación, el uso intensivo de agua y la participación de empresas privadas que prioricen costos sobre seguridad. Estos colectivos también han señalado que la retórica técnica del plan de Pemex evita el término ‘fracking’, optando por expresiones como formaciones geológicas complejas o jugadas no convencionales, lo que, en su opinión, disfraza la intención de retomar la fracturación hidráulica.
Por su parte, exfuncionarios y especialistas en energía han defendido la viabilidad de explotar reservas no convencionales con mejoras tecnológicas. Señalan que parte del gas importado desde Texas proviene de yacimientos explotados mediante fracking, y que la explotación nacional podría contribuir a la seguridad energética si se combina con regulaciones estrictas y supervisión pública.
Perspectivas y próximos pasos
El futuro de la iniciativa dependerá del resultado del estudio técnico en curso y de la capacidad del gobierno para articular controles regulatorios, esquemas financieros y procesos de consulta con la sociedad. El debate público continuará polarizado entre quienes priorizan la soberanía energética y quienes advierten de los impactos ambientales y sociales. En cualquier caso, la decisión —si llega a tomarse— marcará un punto de inflexión en la política energética del país y en la relación entre desarrollo de hidrocarburos y protección ambiental.
En este escenario, la combinación de innovación tecnológica, transparencia y participación ciudadana será clave para determinar si una versión menos invasiva del fracking puede ser compatible con los objetivos de producción y cuidado del entorno que plantea el gobierno.
