La reciente aprobación del paquete de cambios laborales colocó al Gobierno en una posición que sus militantes describen como momento de despegue. Con ese aval en el Congreso, el Ejecutivo planea una batería de iniciativas que, según su relato, buscan ordenar la economía y remover trabas que consideran estructurales. Sin embargo, ese ímpetu parlamentario convive con una tensión interna cada vez más visible dentro de La Libertad Avanza, donde las desavenencias políticas han pasado a primer plano.
En paralelo a la agenda legislativa, la relación entre el Presidente y la vicepresidenta se mantiene deteriorada y ha dejado efectos prácticos en la gestión y en la comunicación pública del oficialismo. Esa fractura complica la coordinación institucional al mismo tiempo que el Ejecutivo mapea aliados provinciales dispuestos a negociar reformas sensibles.
Agenda legislativa: prioridades y apuestas
Con el visto bueno a la reforma laboral, el Gobierno pretende avanzar con varias iniciativas consideradas por sus voceros como estructurales. Entre las más señaladas están la revisión de la ley de protección de glaciares, la ratificación del acuerdo Mercosur-UE y la modificación del régimen penal juvenil para bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Además, se proyecta someter a votación un nuevo proyecto de financiamiento universitario que el oficialismo presenta como alternativa a la normativa impulsada por la oposición.
Impuestos, pensiones y banca en dólares
La reforma tributaria figura como otro pilar de la hoja de ruta: el Ejecutivo busca simplificar la presión fiscal y reducir impuestos para estimular la competencia y la inversión. En materia previsional, fuentes cercanas al Presidente estiman que una reforma integral de las pensiones quedó postergada para más adelante, dada la necesidad de consolidar primero la incorporación de trabajadores al registro formal en un país donde la informalidad es relevante. Por último, el Gobierno estudia cambiar normas del Banco Central para permitir créditos en dólares a empresas y personas que no generen divisas, idea que genera dudas técnicas por la herencia de restricciones vigentes desde 2002.
Coaliciones provinciales y sostenimiento político
La capacidad de avanzar con proyectos depende en gran medida del diálogo con gobernadores. Voceros oficiales señalan que hubo acuerdos puntuales que permitieron votos decisivos y que esa lógica se repetirá para obtener apoyo sobre iniciativas como el financiamiento universitario. A cambio de ese respaldo, el Ejecutivo promete atender la situación fiscal de las provincias, golpeadas por la caída de ingresos, y asegurar compensaciones o alivios presupuestarios.
Nombramientos y señales al exterior
En paralelo a la agenda doméstica, el Gobierno impulsa nombramientos diplomáticos —entre ellos la postulación de un embajador ante la UE— como parte de su estrategia para abrir mercados y reforzar agendas de comercio exterior. La apuesta por el orden macroeconómico, la apertura y la reducción de la inflación son argumentos que el equipo económico utiliza para sostener la necesidad de consolidar las reformas.
Fricciones internas: Villarruel, la conducción y la escena pública
La convivencia política entre el Presidente y su vicepresidenta atraviesa una etapa de ruptura, con intercambios públicos que han escalado la tensión. Voceros del espacio oficial han minimizado la influencia de la Vicepresidencia en la gestión diaria, mientras que figuras del gabinete respondieron con duros mensajes a críticas que consideraron incompatibles con la línea de gobierno. Ese conflicto no es solo retórico: ha influido en la organización de sesiones en el Senado y en la estrategia comunicacional del oficialismo.
La disputa también abre interrogantes sobre un eventual armado electoral futuro y sobre si sectores del peronismo conservador o del PRO podrían volver a reconfigurar apoyos en torno de la figura de la vicepresidenta. Para el Ejecutivo, la prioridad sigue siendo traducir la victoria en reformas concretas que consoliden su proyecto económico.
Balance y perspectivas
El Ejecutivo presume que la combinación de ajuste fiscal, descenso de la inflación y mayor apertura económica crea un margen político para impulsar cambios profundos. No obstante, la concreción de medidas como la modificación de la ley de glaciares, la eliminación de las PASO o la flexibilización cambiaria dependerá tanto de la capacidad de negociar con gobernadores como de la dinámica interna del propio espacio gobernante. En este escenario, la coordinación entre el Presidente, su gabinete y los líderes provinciales será clave para transformar los anuncios en leyes vigentes.
Mientras el Gobierno marca el ritmo de su agenda transformadora, la tensión interna y las dudas sobre proyectos sensibles recuerdan que la gobernabilidad requerirá tanto de acuerdos políticos como de consensos técnicos para evitar impactos económicos y sociales no deseados.
