En los pasillos del poder se mueve con discreción una decisión de alto impacto energético. La administración de Claudia Sheinbaum ha comenzado a preparar un paquete de inversión mixta que incluye cuatro iniciativas para la exploración y extracción de hidrocarburos convencionales y no convencionales. Ese término técnico, que en la práctica alude al fracking o fracturación hidráulica, reaparece en la agenda pública aunque con un discurso medido y sin anuncios formales.
Las maniobras se concentran en la Secretaría de Energía, encabezada por Luz Elena González, y en círculos cercanos al gobierno se habla de ajustes administrativos y de afinar cálculos políticos antes de cualquier declaración pública. Por ahora, el énfasis oficial es la elaboración de reglas claras para proteger el medio ambiente y definir la participación del sector privado en los proyectos.
Movimiento técnico y político detrás de los proyectos
Los avances no se limitan a expedientes y reuniones. En paralelo al diseño de los proyectos, la presidencia creó un nuevo órgano consultivo para asesorar a Pemex y al Ejecutivo. Al frente de la Comisión Consultiva del Petróleo quedó Cuauhtémoc Cárdenas, figura histórica del nacionalismo petrolero. Su nombramiento tiene un doble efecto: aporta legitimidad política y funciona como contrapeso ante los sectores que podrían resistir cualquier cambio de rumbo. Técnicos y asesores trabajan simultáneamente en los criterios que regirán las coinversiones y las garantías ambientales que deberán cumplirse.
Los cuatro proyectos en estudio
Las propuestas iniciales contemplan exploración y producción en yacimientos localizados en estados como Coahuila, Tamaulipas y Veracruz. Aunque no han sido etiquetados oficialmente como proyectos de fracking, los informes técnicos reconocen que la explotación completa de esos reservorios implica el uso de técnicas no convencionales. El Gobierno ha informado al sector privado que se trabaja en un esquema que integre desde la extracción hasta el transporte y el uso final en plantas de generación, buscando atraer capital mediante condiciones más seguras y previsibles.
Marco regulatorio y condiciones para la inversión
Una de las prioridades definidas por legisladores y funcionarios es establecer un andamiaje regulatorio robusto. Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ha señalado que faltan reglas sobre protección ambiental, manejo del agua y disposiciones para la participación público-privada. En la práctica, el objetivo es ofrecer certidumbre a los inversionistas corrigendo experiencias previas en las que la respuesta privada fue limitada por ambigüedades y condiciones poco competitivas.
Protección del entorno y garantías operativas
El diseño normativo busca atender dos frentes: por un lado, blindar aspectos ambientales clave como el uso y la calidad del agua y la gestión de químicos; por otro, definir contratos y mecanismos de coinversión que eviten resultados pasados donde la inversión privada quedó reducida. La intención declarada es explorar todas las tecnologías disponibles para reducir la dependencia de importaciones, en un contexto donde México importa cerca del 75% del gas que consume, en gran medida desde Estados Unidos.
Resistencias, apoyo y pasos siguientes
La apertura a técnicas ligadas al fracking ha despertado críticas de colectivos y organizaciones ambientalistas. Grupos como la Alianza Mexicana Contra el Fracking y Greenpeace cuestionan lo que consideran una posible ruptura de promesas de campaña y alertan sobre riesgos sanitarios y ecológicos. Al mismo tiempo, hay voces dentro del gobierno y del sector industrial que presionan por no demorar más la definición de la política energética para reducir la vulnerabilidad del país ante las importaciones.
La hoja de ruta que avanza la administración es gradual: primero se cerrarán las reglas, luego se consolidarán los proyectos y, solo al final, se tomará la decisión política que podría marcar un cambio en la estrategia energética nacional. Por ahora no hay fechas concretas ni anuncios definitivos; lo que sí existe es un trabajo coordinado entre autoridades, asesores técnicos y actores privados para construir un marco que intente conciliar inversión, soberanía energética y protección ambiental.
