El presidente colombiano Gustavo Petro respondió afirmativamente a la iniciativa del líder del Ejército de Liberación Nacional, Antonio García, de permitir que una comisión externa verifique si el grupo armado mantiene o no vínculos con el narcotráfico. En su mensaje publicado en la red social X el 15 de febrero, el mandatario condicionó cualquier avance en el diálogo a la comprobación de la desconexión del ELN con las economías ilícitas y propuso apoyar financieramente programas de sustitución de cultivos en el Catatumbo.
La propuesta original del ELN fue divulgada en un video publicado por Antonio García el 20 de enero, en el que el jefe rebelde negó control de rutas o laboratorios de cocaína por parte de su organización y reconoció únicamente la imposición de un impuesto a operadores narcotraficantes. García pidió la constitución de una comisión independiente que confirme esas afirmaciones.
Qué propone la comisión y cómo la definió Petro
Petro indicó que la investigación debe realizarse por un ente científico e independiente, ajeno a influencias gubernamentales, y que sus conclusiones sean remitidas al Consejo sobre drogas de Naciones Unidas. Con esto, el presidente busca generar certeza pública sobre la supuesta relación entre el grupo armado y las economías ilícitas, así como condicionar la reanudación de negociaciones a la constatación de la desvinculación del narcotráfico por parte del ELN.
Alcance y criterios esperados
La propuesta apunta a evaluar elementos como la financiación de estructuras, control de territorios, y participación en cadenas logísticas del tráfico de estupefacientes. El énfasis en la independencia y la entrega de resultados a organismos internacionales pretende dar legitimidad a las conclusiones y reducir dudas sobre sesgos en la investigación.
Contexto de tensión: operaciones y acusaciones
Las desconfianzas entre el gobierno y el ELN se han manifestado en hechos recientes. Tras una ofensiva del ELN en el Catatumbo que dejó decenas de muertos y más de 50.000 desplazados, los diálogos se rompieron el año pasado. El control territorial del ELN en zonas fronterizas con Venezuela ha crecido desde la desmovilización de las FARC en, alimentando sospechas sobre su involucramiento en actividades ilícitas.
Capturas en Arauca y respuesta estatal
En paralelo, autoridades colombianas anunciaron operaciones en Arauca que condujeron a la captura de presuntos miembros de una red de financiamiento criminal vinculada al ELN. Entre los arrestados figura el señalado alias ‘Monchi’, descrito por las fuerzas de seguridad como presunto dinamizador financiero de una estructura regional. La acción, coordinada entre Policía, Ejército y Fiscalía, buscó desarticular mecanismos de extorsión y testaferrato que, según los comunicados oficiales, afectaban a ganaderos y comerciantes locales.
Implicaciones para la paz y la política internacional
La aceptación de la comisión por parte de Petro abre una ventana para intentar recomponer los canales de negociación, pero también condiciona el proceso a resultados verificables. El gobierno ha mantenido una postura firme: no habrá reanudación de diálogos sin la evidencia de que el ELN se ha desligado de las economías del narcotráfico. Además, fuentes oficiales han mencionado contactos con aliados internacionales sobre posibles operaciones contra el grupo, poniendo la cuestión en el plano geopolítico y de seguridad regional.
Desafíos para la credibilidad
Para que la comisión cumpla su objetivo, tendrá que sortear la desconfianza mutua, garantizar acceso a zonas rurales y a documentación financiera, y presentar resultados que tanto la sociedad colombiana como la comunidad internacional reconozcan como imparciales. La transparencia será clave para que el proceso contribuya a reducir la violencia y a promover alternativas económicas legales para comunidades afectadas por los cultivos de coca.
La implementación práctica de la comisión y la respuesta del ELN marcarán si la medida es un paso hacia la negociación o un nuevo punto de fricción.
