En una decisión sorprendente, más de la mitad de los gobernadores de Colombia han optado por no acatar un decreto de emergencia que establece un aumento de impuestos sobre licores y tabacos. Esta medida busca cubrir un déficit presupuestario de $4.3 mil millones, pero ha encontrado un fuerte rechazo entre los líderes regionales, quienes argumentan que compromete la autonomía fiscal de sus departamentos y afecta la gobernanza local.
La Federación Nacional de Departamentos convocó una reunión en la que participaron 17 de los 32 gobernadores, quienes manifestaron su desacuerdo con las políticas fiscales del presidente Gustavo Petro. Los mandatarios sostienen que el decreto no solo reduce los recursos destinados a áreas críticas como la salud y la educación, sino que también es considerado inconstitucional.
Reacciones ante el decreto fiscal
La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Ministros, como los de Interior y Justicia, han criticado abiertamente la postura de los gobernadores, advirtiendo que el desacato a la ley podría acarrear consecuencias legales. La tensión ha escalado rápidamente, con amenazas de acciones judiciales contra aquellos que ignoren el decreto.
Argumentos de los gobernadores
Los gobernadores sostienen que el aumento de impuestos es re-centralizador y atenta contra los principios de descentralización que rigen el país. En una carta dirigida al Ministro de Hacienda, expresaron su preocupación por cómo este incremento podría fomentar el contrabando y la ilegalidad, afectando no solo las finanzas locales, sino también la salud pública y la seguridad.
Asimismo, han indicado que esta nueva carga tributaria podría amenazar la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales, poniendo en riesgo la prestación de servicios esenciales. Esta situación se agrava en un contexto electoral, donde las relaciones entre el gobierno central y los líderes locales han sido tensas.
Acciones legales y propuestas de los gobernadores
Frente a esta problemática, los gobernadores han decidido buscar vías legales para frenar la aplicación del decreto. Han propuesto la figura de la excepción de inconstitucionalidad, lo que les permitiría no aplicar normas que contradicen la constitución. Cada gobernador interpondrá una acción de tutela ante la Corte Constitucional para discutir la validez del aumento de impuestos.
Comisión representativa ante la Corte Constitucional
Para fortalecer su postura, los gobernadores han creado una comisión que se presentará ante la Corte. Esta incluye voces clave, como las gobernadoras del Tolima y Valle del Cauca, así como los gobernadores de Antioquia y Nariño. En sus declaraciones, han subrayado que defenderán los recursos de sus departamentos y buscarán proteger los derechos de sus ciudadanos frente a decisiones que consideran arbitrarias.
La gobernadora Toro, una de las principales opositoras a las políticas de Petro, ha manifestado que la situación es preocupante y que el gobierno no puede utilizar su poder como herramienta de presión contra los territorios. Este conflicto no es un hecho aislado, sino parte de una serie de desacuerdos entre el presidente y varios líderes regionales en los últimos años.
Contexto político y desafíos futuros
El enfrentamiento actual refleja una falta de cohesión dentro de la oposición y una crisis de liderazgo que ha afectado a la administración de Petro. Con la aprobación presidencial fluctuando entre el 30% y el 40%, las recientes elecciones han visto a candidatos opositores ganar importantes alcaldías y gobernaciones. Este escenario electoral añade una capa de complejidad a la ya tensa relación entre el gobierno y los líderes regionales.
La rebelión de los gobernadores contra el decreto de aumento de impuestos resalta las profundas divisiones políticas en Colombia y el desafío constante entre el gobierno central y las autoridades locales. La situación seguirá desarrollándose y podría tener un impacto significativo en la gobernanza y la economía de las regiones afectadas.
