El expediente que nació con la denuncia pública del productor e influencer Bruno Riboldi —conocido como La Joya Agro— dio un nuevo paso en los Tribunales de Villa Constitución cuando la fiscalía formuló una imputación contra un hombre vinculado a la custodia de la hacienda. La acusación apunta a una presunta defraudación por abuso de confianza tras la comercialización de al menos 161 bovinos sin la autorización del denunciante.
La investigación judicial se centra en movimientos documentales y traslados que terminaron con los animales en un establecimiento de Chabás. Las actuaciones analizan si la venta fue una decisión unilateral o si existió un acuerdo previo dentro de la relación comercial entre las partes. Mientras la Fiscalía pone el foco en la disposición irregular de la hacienda, la defensa promete pruebas para demostrar que la operación era conocida y habitual.
La imputación y las medidas procesales
En la audiencia, la fiscalía imputó a un hombre identificado públicamente como Nicolás Coscia por el delito de defraudación por abuso de confianza, y la jueza Usandizaga dispuso medidas que incluyen la fijación de domicilio y la prohibición de salida del país por 90 días. Esas medidas buscan garantizar la investigación mientras se verifican los documentos de traslado y la cadena de operaciones que permitieron el movimiento del ganado.
Documentación y controles sanitarios
Los fiscales investigan la emisión de Documentos de Tránsito Electrónico gestionados ante SENASA que habilitaron el traslado de la hacienda. La hipótesis oficial sostiene que para dar apariencia de legalidad se habrían usado guías a nombre de firmas vinculadas a los intervinientes. En paralelo, se detectó un intento de emitir nuevas guías por 190 animales que fue advertido y anulado por el denunciante, un dato que la Fiscalía considera de relevancia probatoria.
Versiones enfrentadas: defensa y denunciante
La postura de la defensa, representada por el abogado Pablo Morosano, rechaza la existencia de fraude y describe la venta como parte de un mecanismo comercial ya establecido entre las partes: ciclos de engorde de hacienda que luego se liquidaban a través de consignatarias. Según esa versión, mensajes privados demostrarían que Bruno Riboldi conocía la operatoria e incluso buscaba acelerar la cobranza, lo que derivó en el conflicto público.
La versión del productor
Por su parte, el productor denunciante relató que detectó irregularidades al revisar el sistema de SENASA, anuló guías no autorizadas y constató en el campo la ausencia de los animales. Riboldi contó que confiaba en quienes cuidaban la hacienda por el vínculo previo con la familia y el establecimiento, y que el hallazgo de la hacienda en un feedlot de Chabás confirmó la disposición comercial temprana de los animales.
Pistas, empresas intervinientes y el regreso del rodeo
La investigación también puso la lupa sobre la consignataria que ofició de intermediaria en la venta. La firma Aguirre Vazquez difundió un comunicado donde asegura haber sido víctima de una maniobra y se ofreció a colaborar con la Justicia, anunciando que presentará la documentación requerida para esclarecer los hechos. En su comunicado, la empresa afirma que actuó de buena fe al recibir la hacienda con papeles en regla.
En la operatoria se mezclan elementos comerciales y de control: facturaciones a favor de distintas empresas, traslado a un feedlot y la intervención de fuerzas rurales que permitieron identificar marcas y restituir parte del rodeo. Las pericias documentales solicitadas por la fiscalía tienen por objetivo reconstruir el paso a paso en los sistemas administrativos y determinar en qué momento, si lo hubo, se consumó el perjuicio patrimonial.
Datos económicos y evaluación del móvil
Dentro del expediente también se consignan elementos sobre la situación patrimonial del imputado, que para los investigadores podrían explicar un posible móvil. Registros bancarios y antecedentes financieros forman parte de las diligencias que el Ministerio Público solicitó a entidades de control. Mientras tanto, la causa continuará con medidas de prueba y la defensa adelantó que pedirá el archivo sustentando que no hubo fraude.
El desenlace judicial dependerá de las pericias sobre los Documentos de Tránsito Electrónico, la cadena contractual entre las partes y la interpretación de mensajes y pruebas que cada sector aporte. El caso, que comenzó en redes sociales, ahora transita un tramo más técnico en los tribunales y podría definir si el conflicto se encuadra como un delito penal o como una controversia comercial entre socios.
