Un tribunal en Florida ha dictado sentencia contra Genaro García Luna, exjefe de seguridad de México, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, obligándolos a pagar más de 2.4 mil millones de dólares al gobierno mexicano. Esta decisión marca un hito en la lucha del país contra la corrupción y la influencia de los carteles en los niveles más altos de poder.
Detalles del fallo judicial
La jueza Lisa Walsh del condado de Miami-Dade impuso una multa de 748 millones de dólares a García Luna, quien ya cumple una condena de 38 años en Estados Unidos por aceptar sobornos del cártel de Sinaloa. Por su parte, su esposa, Pereyra, es responsable de 1.74 mil millones de dólares. Esta suma total es tres veces mayor a lo que México originalmente solicitó en su demanda, según reportes de medios estadounidenses.
Acusaciones de corrupción y lavado de dinero
La demanda civil fue presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México en 2021, acusando a la pareja de haber creado una extensa red de empresas fantasma y contratos fraudulentos para desviar fondos públicos y lavarlos a través de bienes raíces de lujo en Florida. Las investigaciones revelaron que Pereyra era propietaria o beneficiaria de varias compañías registradas en Estados Unidos, Barbados y otros lugares, con nombres como Only Best Properties Corp. y Oggi Caffe LLC.
Contratos inflados y desvío de fondos
Según el director de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, el caso se centró en 30 contratos firmados entre 2009 y 2018 por agencias como la extinta policía federal de México, la Agencia Penitenciaria y el CISEN, la principal agencia de inteligencia civil del país. Los contratos, por un total de más de 625 millones de dólares más 93.8 millones de pesos, fueron supuestamente inflados o incluso fabricados, con los ingresos desviados a cuentas offshore en Barbados y utilizados para inversiones en propiedades de lujo y automóviles vintage.
Repercusiones políticas y sociales
Al inicio de su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el fallo, expresando que se da “honor a quien honor merece”. También destacó el trabajo de la administración anterior en la investigación. Este caso es considerado un gran paso en la campaña del gobierno mexicano para recuperar fondos públicos desviados y combatir la corrupción a gran escala.
El legado de García Luna
García Luna, alguna vez aclamado como el arquitecto de la guerra contra las drogas en México bajo el mandato de Felipe Calderón, fue condenado en 2023 por aceptar sobornos millonarios para proteger al cártel de Sinaloa, facilitando el tráfico de más de un millón de kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos. Los fiscales describieron cómo recibió efectivo en maletas y testimonios de miembros del cártel confirmaron los pagos directos.
Defensa y apelaciones
La única testigo de defensa en el juicio criminal de García Luna fue su esposa, quien brindó un testimonio personal a su favor. La semana pasada, el equipo de defensa de García Luna recibió una extensión de 60 días para presentar una apelación a su condena de 38 años, debido a dificultades para comunicarse con su cliente, quien se encuentra preso en una prisión federal de alta seguridad en Virginia. La nueva fecha límite para presentar la documentación es el 19 de septiembre.
Impacto en la lucha contra la corrupción
Este caso no solo resalta la corrupción a nivel gubernamental, sino que también muestra un cambio significativo en la forma en que las autoridades mexicanas están abordando este problema. La UIF ha recuperado más de 1.9 millones de dólares en efectivo y propiedades valoradas en 555,800 dólares, lo que representa un avance en la lucha contra el desvío de recursos públicos.
García Luna y su esposa se enfrentan ahora a un futuro incierto, marcado por la condena y las consecuencias de sus acciones. La sociedad mexicana observa con atención este proceso, que podría sentar un precedente en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
