En un proceso marcado por una oferta electoral amplia y problemas logísticos, Keiko Fujimori surge como la candidata con mayor intención de voto tras la primera jornada electoral celebrada el 12 de abril de 2026. Con una lista de 35 aspirantes en la papeleta, el resultado no otorgó a nadie la mayoría absoluta necesaria, por lo que la posibilidad de una segunda vuelta sigue abierta. Los sondeos y los primeros conteos la sitúan a la cabeza, pero lejos del 50% requerido, lo que perfiló un escenario en el que las propuestas más contundentes cobran protagonismo.
La figura de Fujimori, de 50 años y heredera política del expresidente Alberto Fujimori, vuelve a polarizar al país. En la campaña ha prometido medidas de seguridad intensas y la expulsión de migrantes indocumentados como parte de un plan para «restaurar el orden» en sus primeros 100 días. Simultáneamente, la elección quedó salpicada por fallos en la organización: la ONPE reconoció que miles de electores no pudieron votar por falta de material y anunció la reapertura de algunos centros, un hecho que añadió tensión al conteo.
Contexto electoral y cifras relevantes
La diversidad de candidatos —que incluyó desde un comediante hasta un empresario mediático— creó una contienda fragmentada. Un sondeo temprano de Ipsos Perú colocó a Fujimori en 16.6%, seguida por Roberto Sánchez con 12.1% y Ricardo Belmont con 11.8%, lo que refleja la atomización del voto. Con más de 27 millones de personas habilitadas para votar, la jornada del 12 de abril de 2026 dejó en evidencia la volatilidad del electorado y la desconfianza ciudadana tras años de crisis institucional: desde 2018, Perú ha tenido ocho presidentes, un dato que alimenta el sentimiento de desencanto y la búsqueda de soluciones rápidas y visibles.
Fallos en la jornada y repercusiones
La reapertura parcial de locales por parte de la ONPE obedeció a que aproximadamente 63.000 personas no accedieron a votar por ausencia de boletas y urnas. Estas interrupciones, reconocidas oficialmente, alimentaron reclamos y solicitudes de garantías sobre la transparencia del proceso. Además, ante reclamos de fraude en sectores puntuales, las autoridades apelaron a mecanismos para proteger el derecho al sufragio, aunque el episodio dejó una sensación de fragilidad administrativa que podría condicionar impugnaciones y recursos legales en las próximas semanas.
Propuestas de seguridad y migración
En el centro del programa público anunciado por Keiko Fujimori están las políticas migratorias y la mano dura contra la delincuencia. La candidata ha prometido deportaciones de migrantes indocumentados, mayor control fronterizo y la incorporación de fuerzas de seguridad en operativos para reducir la criminalidad. Estas medidas, presentadas como soluciones rápidas al aumento de homicidios y la percepción de inseguridad, tienen resonancia entre votantes preocupados por la violencia, pero también generan críticas por su énfasis en estímulos punitivos más que en políticas integrales de inclusión social y empleo.
Reacciones internas y legado familiar
El planteamiento de mano dura vuelve inevitable la referencia al apellido Fujimori, asociado a un gobierno autoritario y a condenas por violaciones de derechos humanos que marcaron la historia reciente del país. La candidata ha defendido su legado como garantía de orden y estabilidad económica, mientras sus detractores recuerdan las sanciones y escándalos de corrupción que afectaron a su padre, fallecido en septiembre de 2026. Esa dualidad alimenta la polarización y obliga a los actores políticos a posicionarse en un tablero donde memoria y miedo juegan roles centrales.
Implicaciones regionales y posibles escenarios
El avance de candidaturas conservadoras en la región convierte la potencial elección de Fujimori en un hecho observado más allá de las fronteras nacionales. Las alianzas con líderes afines en países vecinos y la promesa de atraer inversión extranjera, en especial estadounidense, sitúan la candidatura en un diálogo con otras administraciones de corte conservador. Si la contienda derivara en una segunda vuelta programada para el 7 de junio, la estrategia de cada bando y la movilización del electorado indeciso serán determinantes para definir si el giro político se consolida o si la fragmentación electoral abre paso a sorpresas.
Escenarios a corto plazo
En las próximas semanas, la atención se centrará en la respuesta de los competidores, las alianzas post-electorales y la percepción ciudadana ante ofertas de mano dura frente a propuestas de corte social. La resolución de recursos por los fallos del 12 de abril de 2026 y la capacidad de las autoridades electorales para garantizar transparencia serán factores que influirán en la legitimidad del resultado final. Mientras tanto, el país enfrenta la encrucijada entre demandas de seguridad inmediata y la necesidad de recuperación institucional y social a largo plazo.
