La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos concedió una suspensión del descubrimiento que impide a los titulares de una sentencia por US$16.1 mil millones —que con intereses supera los US$18 mil millones— solicitar información sobre bienes embargables hasta que la apelación se resuelva. Esa medida frena investigaciones diseñadas para localizar activos y comunicaciones que los demandantes consideran esenciales para intentar ejecutar la acción de cobro, y deja en pausa esfuerzos que, de prosperar, podrían afectar activos estatales y reservas internacionales.
Los demandantes son antiguos accionistas de YPF apoyados por el financiador de litigios Burford Capital, a quienes la juez Loretta Preska otorgó la sentencia en 2026 tras concluir que la nacionalización de 2012 vulneró sus derechos. Argentina sostiene que el caso debía resolverse bajo derecho argentino y, por tanto, no correspondería a tribunales estadounidenses decidir sobre esa nacionalización. Los demandantes, en cambio, sostienen que los inversores no habrían comprado acciones si su único recurso judicial hubiera sido en tribunales domésticos.
Contexto procesal y elementos en litigio
El stay concedido por el Segundo Circuito frenó pedidos para obtener comunicaciones de funcionarios actuales y anteriores de Argentina, así como indagaciones sobre el paradero de supuestas reservas físicas, incluidos lingotes de oro que el banco central habría trasladado al exterior. Además, la medida afecta intentos de ejecutar sobre la participación mayoritaria del Estado en YPF: aunque la juez Preska ordenó entregar el 51% a los demandantes, esa decisión también fue suspendida por la misma corte y permanece pendiente en una apelación separada. En los argumentos orales del caso en octubre pasado, al menos dos jueces del panel expresaron dudas sobre que un tribunal de Estados Unidos deba dictar la resolución final.
Implicaciones financieras y políticas
El monto de la condena es significativo para un país con dificultades crónicas para acumular reservas en moneda dura y mantener la solvencia. El gobierno de Javier Milei, pese a su agenda de mercado, ha defendido enérgicamente la posición estatal en este litigio. El Presidente celebró la suspensión del descubrimiento como un logro histórico en la defensa del país, mientras que Burford y los demandantes guardaron silencio público. La tensión jurídica llega en un momento en que Argentina intenta reconstruir su acceso a los mercados internacionales y ordenar su perfil de deuda.
Impacto en la estrategia de financiamiento
El acceso al crédito internacional se complica cuando pesan juicios con potenciales ejecuciones por montos millonarios. Burford ha apostado a que la existencia de la sentencia obstaculice la vuelta de Argentina a las plazas de crédito y forzaría negociaciones para alcanzar un acuerdo. El país ya negoció y pagó pasivos en procesos anteriores —por ejemplo, un litigio prolongado con Elliott Management que terminó en un arreglo de US$4.6 mil millones con Paul Singer— y ahora calcula cómo gestionar el riesgo legal sin hipotecar su programa económico.
Situación macro y próximos pasos
En lo económico, la coyuntura no ayuda: la inflación reciente superó expectativas y la recuperación de 2026 fue moderada, favoreciendo sectores intensivos en capital como hidrocarburos y dejando rezagados la construcción y la manufactura. En paralelo, el Ejecutivo utilizó apoyos financieros externos —incluido un mecanismo de intercambio con la Tesorería de Estados Unidos por hasta US$20 mil millones, del cual activó US$2.5 mil millones— lo que alivió tensiones temporales aunque dejó dudas sobre condiciones para futuros accesos.
Qué puede decidir el tribunal
El Segundo Circuito puede confirmar la suspensión, revocarla o resolver de fondo sobre la competencia del tribunal estadounidense para conocer el fondo del asunto; cualquier fallo puede llegar en cualquier momento y redefinirá las opciones de cobranza. Si el tribunal revierte, los demandantes recuperarían la posibilidad de investigar y ejecutar sobre activos; si confirma, la presión sobre Argentina para negociar una salida se reduce temporalmente. El expediente figura como Petersen Energia Inversora v. Argentine Republic, 15-v-02739, US District Court, Southern District of New York (Manhattan).
Escenarios y consecuencias
En lo inmediato, la pausa en el descubrimiento preserva recursos estatales y evita medidas ejecutorias que podrían alterar reservas. A mediano plazo, el desenlace influirá en la estrategia de reapertura financiera del país, la percepción de riesgo de inversores y la negociación de vencimientos próximos —incluido el servicio de deuda por alrededor de US$15 mil millones en el año, con pagos relevantes próximos—. En cualquier caso, la disputa combina aspectos legales complejos y efectos económicos que continuarán marcando la agenda de Argentina en los tribunales y los mercados.
