La presidenta Claudia Sheinbaum vio cómo se diluía la posibilidad de plasmar en la Constitución una reforma político-electoral de fondo durante la primera mitad de su gobierno. El Senado aprobó el llamado Plan B que modifica los artículos 115, 116 y 134, pero dejó fuera la propuesta de adelantar la revocación de mandato. Ese resultado clausura, por ahora, la opción de aplicar cambios relevantes en la normativa electoral de cara a la elección de 2027 y empuja la discusión hacia la segunda mitad del sexenio, con pocas garantías de que la reforma pueda surtir efecto en esta administración.
En lo sustantivo, el paquete aprobado en el Senado se concentró en medidas de austeridad y recortes administrativos: límites en regidurías, topes al presupuesto de los congresos locales y ajustes en las remuneraciones y beneficios de funcionariado electoral. La ausencia de transformaciones profundas —como la eliminación de la representación proporcional o la elección popular de consejeros del INE— marca una derrota política para la iniciativa inicialmente promovida por el Ejecutivo federal.
Del proyecto original a la comisión presidencial
La reforma que impulsó la Presidencia nació vinculada a los 100 compromisos asumidos durante la toma de posesión y buscaba reducir costos del INE, menores prerrogativas a los partidos y cambios en la estructura del Poder Legislativo. Para eso se creó una comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez, que celebró 65 eventos, recibió más de 300 propuestas y escuchó a 5.300 personas en audiencias públicas. El ejercicio consultivo incluyó propuestas sobre la eliminación de las diputaciones y senadurías plurinominales y la desaparición de los OPLE, pero la ausencia de la oposición en las discusiones limitó el alcance del consenso.
La comisión entregó una primera propuesta a la presidencia en enero; sin embargo, el Partido Verde y el Partido del Trabajo objetaron medidas que les restaban prerrogativas, lo que obligó a abrir rondas de negociación en la Secretaría de Gobernación bajo la conducción de Rosa Icela Rodríguez. Tras varias versiones y ajustes, la iniciativa final fue remitida al Congreso el 4 de marzo, con objetivos que incluían reducir en 25% el financiamiento a los partidos y reformar los esquemas de representación plurinominal.
Trámite legislativo, disensos y el voto del Senado
La votación en San Lázaro y la respuesta con un plan alterno
El proyecto original obtuvo aprobación en la Cámara de Diputados el 11 de marzo, pero no alcanzó los 334 votos necesarios para reformas constitucionales. Frente al estancamiento, el Ejecutivo presentó un Plan B, encaminado a mantener la coalición, pero con un alcance más limitado. El anuncio público de esa propuesta ocurrió el 16 de marzo y desencadenó nuevas negociaciones con dirigentes y coordinadores parlamentarios para asegurar el apoyo en el Senado.
La aprobación acotada en el Senado y las reservas del PT
El 25 de marzo, el Senado aprobó el paquete recortado con 87 votos a favor —de Morena, PVEM y PT— y 41 en contra. Ese voto permitió avanzar en medidas de ahorro pero dejó fuera la posibilidad de adelantar la revocación de mandato. El PT presentó una reserva al artículo 35 proponiendo incluso la eliminación de la revocación, mientras que la Presidencia atribuyó el rechazo a temores electorales de las fuerzas políticas. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados a las 3:43 horas del 26 de marzo de 2026 y remitida a las comisiones correspondientes, con la previsión del coordinador Ricardo Monreal de que el dictamen se apruebe en comisiones el 7 de abril y sea votado en el pleno el 8 de abril de 2026.
Impacto político y siguientes pasos
El desenlace deja a la jefatura del Ejecutivo en una paradoja: con mayorías y control político en varios niveles, pero sin poder concretar una reforma constitucional que redefina el sistema electoral durante la primera mitad del sexenio. La ausencia de los cambios estructurales que proponía la Presidencia obliga a enfrentar la elección de 2027 y un posible revocatorio en 2028 bajo las reglas vigentes desde 2014, cuando se aprobó la última reforma relevante.
Aunque la presidenta celebró que el Plan B prosperara en el Senado y defendió que lo esencial —la lucha contra los privilegios— avanzó, la realidad normativa queda postergada. La coalición oficialista intentó preservar su unidad y lo logró por ahora; empero, la próxima prueba de cohesión será la elección de tres consejeros del INE en la Cámara de Diputados, trámite que requiere mayoría calificada y puede reabrir las tensiones sobre el rumbo de la Cuarta Transformación.
