La presidenta Claudia Sheinbaum estuvo el fin de semana en Morelos para lanzar un programa que permite a las comunidades indígenas de México acceder a fondos federales sin intermediarios estatales. En un acto que promete transformar la relación entre el gobierno y estos pueblos, se entregaron 104 millones de pesos a 82 comunidades indígenas y afromexicanas, que ahora podrán gestionar directamente estos recursos.
Un nuevo modelo de gestión
Este desembolso histórico representa el resultado de un paquete de reformas constitucionales de 2024, impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. La creación de la Comisión Presidencial de Planes de Justicia y Desarrollo Regional para los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, decretada por Sheinbaum hace seis meses, pone en el centro a las comunidades, permitiéndoles decidir sobre proyectos esenciales como sistemas de agua potable, escuelas y electrificación.
Fondos destinados a la autonomía
Las comunidades, según su población y nivel de marginación, recibirán entre 50,000 y 7 millones de pesos. Este dinero proviene del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Faispiam), creado para asegurar que al menos el 10% del presupuesto federal para infraestructura se destine a estos grupos. Sheinbaum enfatizó que estos pueblos son la esencia de la identidad mexicana y ahora tienen un reconocimiento constitucional que les otorga autonomía en la gestión de sus recursos.
Testimonios y reacciones
Durante la ceremonia en Coatetelco, Morelos, Sheinbaum destacó que las comunidades ahora tienen el poder de decidir cómo invertir los fondos públicos. “Estamos dejando un legado para nuestros hijos”, comentó Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Las asambleas locales ya se han realizado y han elegido comités de supervisión para priorizar los proyectos.
Un impacto más allá de Morelos
El modelo de Morelos podría replicarse en otras entidades como Oaxaca y Chiapas, donde se espera que las comunidades también reciban asignaciones sustanciales. En Yucatán, por ejemplo, se han apartado 300 millones de pesos para las comunidades mayas. La implementación del programa requiere que las asambleas comunitarias elijan juntas administrativas y comités de supervisión, con un enfoque en la inclusión de mujeres en roles clave como tesoreras.
Desafíos y expectativas
Sin embargo, el camino no está exento de críticas. Se cuestiona si las comunidades cuentan con la capacidad administrativa necesaria para manejar estos fondos. A pesar de ello, las autoridades apuntan a ejemplos exitosos, como el programa ‘La Escuela es Nuestra’, que descentralizó la gestión de recursos educativos. “Este es un nuevo capítulo en la política de desarrollo comunitario”, afirmó Rogerio Castro Vázquez, Delegado de Bienestar en Yucatán.
El futuro de las comunidades indígenas en México
La entrega de estos recursos es más que una simple transacción financiera; es un paso hacia la reconstrucción de la confianza y la autonomía de los pueblos indígenas. La pregunta que queda en el aire es: ¿podrán estas comunidades gestionar sus propios destinos y romper el ciclo de pobreza que ha afectado a tantas generaciones?
La historia apenas comienza. El impacto de este programa se sentirá en el futuro de las comunidades y en la manera en que el gobierno se relaciona con ellas. Se avecinan cambios significativos en la gestión de recursos y en la visibilidad de las demandas indígenas.
