En un giro inesperado, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Itagüí ordenó la suspensión provisional de la auditoría que la Superintendencia Nacional de Salud realizaba a la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA). La decisión, tomada el 2 de julio de 2026, se fundamenta en el riesgo de vulneración de derechos fundamentales de la empresa.
El conflicto surgió cuando la Supersalud solicitó 77 documentos varios de ellos considerados sensibles por la FLA. Entre estos se encontraban información sobre caja menor, tarjetas de crédito, viáticos y gastos de representación datos que la empresa argumenta están protegidos por reserva industrial, comercial y financiera.
La controversia por los documentos solicitados
El juez consideró que continuar con la auditoría sin límites claros podría causar perjuicios irreversibles a la FLA. La empresa había interpuesto una tutela para establecer los límites de la inspección, argumentando que la Supersalud excedió sus competencias.
Esteban Ramos, gerente de la FLA, calificó la diligencia como un intento de vulnerar los derechos de la empresa y reafirmó su compromiso de proteger el patrimonio de los antioqueños. Por su parte, Martha Patricia Correa, secretaria General de la Gobernación de Antioquia, respaldó la decisión judicial, señalando que la Supersalud había excedido sus competencias.
La postura de la Superintendencia y el alcalde de Medellín
La Superintendencia Nacional de Salud aclaró que la auditoría en terreno ya había culminado antes de cualquier anuncio de suspensión. Según la entidad, sus equipos técnicos ya habían recolectado la información necesaria para verificar el manejo de los recursos destinados al sistema de salud.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, intervino con una postura incisiva. Tras conocer el anuncio sobre la supuesta suspensión, respaldó la gestión interna de la FLA y lanzó una crítica sobre la integridad de los activos de la licorera. «Muy bien. Si alcanzaron a entrar a la FLA, hay que revisar que no falte nada. Ni una media de guaro«, afirmó Gutiérrez, dejando entrever dudas sobre la transparencia de la diligencia.
El proceso administrativo continúa
Aunque la suspensión provisional no resuelve el fondo del caso, evita que la auditoría continúe avanzando mientras el juez constitucional estudia si la actuación administrativa respeta o no los derechos de la FLA. La Superintendencia reiteró que el proceso administrativo sigue su curso normal, enfocándose ahora en el análisis técnico de los soportes recopilados.
Este procedimiento busca determinar si la FLA ha dado cumplimiento a la normatividad vigente y a la adecuada destinación de los recursos públicos, garantizando así la defensa del derecho a la salud en el departamento. Mientras tanto, la tensión institucional en Antioquia sigue escalando, con posturas encontradas entre las autoridades locales y nacionales.
