La Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido citatorios dirigidos a dos gobernadores con perfiles opuestos: Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Las comparecencias responden a investigaciones distintas pero entrelazadas por el contexto de seguridad y las relaciones con autoridades de Estados Unidos. En el caso de Sinaloa, la orden es parte del seguimiento a una acusación formulada por el Departamento de Justicia de EE. UU. contra Rocha y otros nueve funcionarios, mientras que en Chihuahua la indagatoria se concentra en el operativo en la sierra que terminó con la muerte de agentes estadounidenses.
Ambos mandatarios han manifestado que acudirán a la entrevista requerida por la FGR y han rechazado responsabilizarse de hechos ilícitos. Las citaciones han aumentado la atención pública y política sobre la coordinación binacional en materia de seguridad, la interpretación de la Ley de Seguridad Nacional y las competencias que tienen las autoridades mexicanas para autorizar la colaboración de personal extranjero en operativos en territorio nacional.
Qué investiga la FGR y a quiénes ha citado
En la carpeta relacionada con Sinaloa, la FGR llamó a declarar a Rubén Rocha Moya y a los otros funcionarios mencionados en la acusación estadounidense, entre ellos el senador Enrique Inzunza y el entonces alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil. La denuncia del Departamento de Justicia sostiene que los imputados habrían protegido a la facción conocida como Los Chapitos, facilitando información operativa y recibiendo sobornos a cambio de impunidad. Dos exfuncionarios sinaloenses, Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, ya se entregaron a autoridades de EE. UU. a principios de mes, según informes, y forman parte del mismo expediente.
Alcances del proceso por Sinaloa
La FGR ha solicitado a sus contrapartes estadounidenses material probatorio adicional para avanzar en la investigación y determinar si existen elementos suficientes para una orden de aprehensión o una solicitud de extradición. La presidenta Claudia sheinbaum ha dicho públicamente que por ahora no existe evidencia suficiente para proceder al arresto de los señalados, aunque aseguró que el gobierno no protegerá a quienes hayan cometido delitos. Extradición, cooperación jurídica y la cadena de custodia de pruebas son términos que han reaparecido en las explicaciones oficiales.
El caso de Chihuahua y la participación de agentes estadounidenses
Por separado, la FGR citó a Maru Campos y al exfiscal estatal César Jáuregui Moreno en relación con el operativo realizado en la sierra del estado, en el que se informó del desmantelamiento de un gran narcolaboratorio. El operativo, ocurrido durante la madrugada del 17 y 18 de abril, derivó en un accidente en el que perdieron la vida dos agentes de la CIA y dos funcionarios de seguridad chihuahuenses. Jáuregui renunció el 27 de abril y desde entonces la investigación busca determinar si la presencia de personal estadounidense se efectuó con autorización legal y conforme a la Constitución.
Cuestiones legales y políticas
La FGR explora si hubo violaciones a la normativa interna —incluida la autorización previa de la Secretaría de Relaciones Exteriores— y si la coordinación se realizó por canales institucionales. La gobernadora Campos ha alegado que se trata de una persecución política y ha reiterado que no autorizó la estancia de agentes extranjeros; por su parte, el Gobierno federal reclamó respeto a la soberanía y subrayó que operaciones conjuntas sin permiso violan normas mexicanas. Esta controversia ha tensionado la cooperación con Washington y puesto sobre la mesa el debate sobre protocolos binacionales.
Reacciones públicas y posibles consecuencias
Las citaciones han provocado respuestas inmediatas: Rocha publicó en redes que asistirá a la FGR “con la frente en alto” y reafirmó su inocencia, mientras Campos también adelantó que comparecerá el 27 de mayo ante la Fiscalía. La situación ha generado interrogantes sobre el futuro de la relación de seguridad entre México y Estados Unidos, la capacidad de la FGR para obtener pruebas en jurisdicciones extranjeras y las implicaciones políticas internas, dado que los casos involucran a funcionarios de distintos partidos y cargos.
En los próximos días la FGR deberá decidir si cuenta con elementos para avanzar hacia arrestos o solicitudes formales de extradición, y el gobierno mexicano continuará negociando con sus homólogos estadounidenses la entrega de información probatoria. Mientras tanto, el país observa el desarrollo de estas investigaciones que combinan aspectos de seguridad pública, derecho internacional y política doméstica.
