La lucha contra una enfermedad como la leucemia linfoblástica aguda exige precisión médica y continuidad en los procedimientos. Sin embargo, el 19.02.2026 la vida de Robinson Farid, un menor de 8 años en Cali, quedó en riesgo no por la biología de su enfermedad, sino por una falla administrativa: la Nueva EPS emitió órdenes con un código erróneo que impidió el acceso a sus quimioterapias en la Fundación Valle del Lili. Su madre, Marisol Montenegro, tuvo que denunciar públicamente la situación para acelerar la corrección.
El caso expone cómo un detalle técnico —un número mal digitado— puede traducirse en semanas de interrupción terapéutica. Después de cinco semanas sin recibir la medicación diaria y las sesiones semanales indicadas por su protocolo, la autorización fue finalmente ajustada y aceptada, pero la demora generó alarma entre profesionales y autoridades por el riesgo que representó para el menor.
Cómo ocurrió la falla administrativa
Según la narración de la familia, la gestión de permisos se realiza mediante solicitudes por correo que deben ser autorizadas por la EPS para que la Fundación Valle del Lili entregue el tratamiento. En este caso, la respuesta de la EPS reflejaba un código equivocado, asociado a otra institución, lo que bloqueó el acceso a las salas de quimioterapia y al medicamento oral que el niño necesita de lunes a sábado.
Impacto en el esquema de tratamiento
La quimioterapia de Robinson forma parte de un protocolo riguroso de 120 sesiones planificadas, por lo que la continuidad es esencial. Los expertos consultados recuerdan que la suspensión de semanas puede permitir que las células malignas recuperen actividad, obligando a volver a fases más agresivas del protocolo. Para la familia, estas cinco semanas perdidas representan no solo tiempo clínico, sino un retroceso emocional y médico.
La respuesta institucional y la reacción pública
Tras la denuncia mediática, la Nueva EPS agilizó la corrección de los parámetros y, minutos después de las gestiones reportadas, la Fundación informó que ya contaba con las autorizaciones para reiniciar las sesiones de Robinson. No obstante, la pregunta quedó en el aire: ¿por qué una rectificación de digitación que podría resolverse en media hora tardó cinco semanas en concretarse y puso en riesgo a un menor?
Consecuencias y repercusiones
El episodio no es aislado. A raíz del caso de Kevin Acosta y otras denuncias, han salido a la luz múltiples relatos de pacientes cuya atención fue demorada por fallas administrativas en EPS intervenidas. Autoridades locales como la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, han advertido sobre un deterioro en el servicio de salud que, en su criterio, ha contribuido a un aumento en la mortalidad y a barreras de acceso, especialmente en entidades con problemas financieros.
Situación financiera y retos del sistema
En el análisis regional se señaló que la Nueva EPS enfrenta trastornos operativos y que el Valle del Cauca tiene pasivos importantes, con cifras que llegaron a mencionarse en el contexto institucional. El pago de deudas y el normal abastecimiento de medicamentos son vistos como medidas necesarias para evitar fallas en la prestación del servicio y para garantizar que casos como el de Robinson no se repitan.
Mientras se reanuda su tratamiento, Robinson conserva la energía propia de un niño: cursa cuarto grado y manifiesta deseos de ayudar a otros en el futuro. La familia agradece el apoyo de organizaciones como la Fundación Nuevo Amanecer, que les brindó hospedaje y alimento. No obstante, su experiencia quedó como un recordatorio de que la atención clínica depende tanto de la ciencia médica como de la eficacia administrativa.
El 19.02.2026 la denuncia pública aceleró la solución, pero el episodio evidencia la necesidad de protocolos administrativos confiables y de supervisión efectiva. Para Marisol y su hijo, el reto continúa en la reanudación de un tratamiento que es, en palabras de especialistas, un combate que debe sostenerse sin interrupciones.
