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En un giro inesperado en la política colombiana, un juez de Bogotá ha ordenado la prisión de los exministros Ricardo Bonilla, quien fue ministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior. Esta decisión se produce en medio de investigaciones por malversación de fondos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), lo que ha captado la atención del país.
Las autoridades han formulado múltiples cargos, entre ellos concierto para delinquir, cohecho y interés indebido en la celebración de contratos. La fiscalía sostiene que ambos exfuncionarios están involucrados en un esquema de corrupción que se extiende a lo largo del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Cargos y acusaciones
El tribunal ha determinado que Bonilla y Velasco redirigieron recursos públicos de la UNGRD y del Instituto Nacional de Vías (Invías) hacia contratistas seleccionados por diferentes miembros del Congreso. Este mecanismo habría sido diseñado para asegurar el apoyo legislativo a la agenda gubernamental y garantizar mayorías en el Capitolio.
Detalles del caso
Los exministros supuestamente orquestaron el desvío de 612.000 millones de pesos a través de 79 contratos, aunque solo siete de ellos fueron adjudicados. La magistrada Aura Rosero Baquero ha calificado esta situación como una empresa criminal, destinada a beneficiar a ciertos congresistas a cambio de favores legislativos.
Un momento crucial de la investigación fue una reunión celebrada en la Casa de Nariño, donde se reunieron altos funcionarios del gobierno y algunos congresistas. Según la acusación, Velasco lideró este encuentro, donde se discutieron estrategias para implementar el esquema corrupto.
Defensa y reacciones
Desde el inicio de las investigaciones, tanto Bonilla como Velasco han defendido su inocencia. Bonilla, quien llegó al gobierno por su cercanía con Petro, ha afirmado que su defensa ofrecerá una versión alternativa a la de los testigos de la fiscalía. En un mensaje virtual, expresó su confianza en que la opinión pública escuchará su perspectiva, asegurando que cumplió adecuadamente con sus funciones ministeriales.
Colaboraciones y testimonios
La fiscalía ha destacado el testimonio de María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla, quien admitió haber actuado bajo sus órdenes. Su declaración ha sido clave, ya que indica que facilitó la comunicación entre el ejecutivo y los legisladores implicados. Sin embargo, debido a su fuero, algunos congresistas involucrados serán juzgados por la Corte Suprema de Justicia.
Este caso no solo ha llevado a la prisión de Bonilla y Velasco. La exconsejera presidencial Sandra Ortiz ya se encuentra en prisión preventiva, acusada de actuar como intermediaria en el intercambio de favores entre el gobierno y los legisladores. Además, otros altos funcionarios, como el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, han reconocido su participación en el escándalo.
Implicaciones políticas y sociales
El escándalo de corrupción ha tenido un impacto profundo en la política colombiana, cuestionando la integridad del gobierno de Petro. La creciente desconfianza en las instituciones públicas es un tema recurrente en el debate nacional, y este caso solo amplificará esas preocupaciones. La ciudadanía sigue de cerca el desarrollo de estos procesos judiciales y las medidas que se implementarán para prevenir futuros actos de corrupción.
A medida que avanza la investigación, se hace evidente que la justicia colombiana enfrenta un desafío significativo. Combatir la corrupción no solo requiere acciones legales, sino también un compromiso renovado de todos los actores políticos para asegurar que el gobierno opere en beneficio de la población y no de intereses personales.
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