Un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) arroja luz sobre el perfil y las condiciones laborales de los conductores de Uber en América Latina y el Caribe. La investigación, basada en entrevistas a más de 13.700 conductores en ocho países, describe un universo laboral marcado por la flexibilidad y la ausencia de protección social. Los datos permiten comprender mejor por qué muchas personas recurren a estas plataformas cuando enfrentan dificultades económicas.
La muestra incluye conductores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y República Dominicana. Además de cifras sobre horas trabajadas y salarios, el informe explora variables demográficas y la percepción que tienen los conductores sobre las ventajas y riesgos de trabajar a través de aplicaciones.
Perfil demográfico y educativo
Según el estudio, la mayoría de quienes conducen para la plataforma son hombres: un contundente 91% del total. La edad promedio ronda los 41 años, lo que sitúa a este colectivo en la etapa central de la vida laboral. Contrario a la imagen común de trabajadores con baja escolaridad, el informe muestra que un 57% de los entrevistados cuenta con educación universitaria, un dato que redefine estereotipos sobre quiénes participan en la economía de plataformas.
Diversidad por países
Las entrevistas cubrieron ocho países con realidades económicas distintas, lo que aporta robustez estadística al estudio. Aunque los patrones generales se repiten —mayoría masculina, educación relativamente alta— existen variaciones locales en las motivaciones para trabajar en la plataforma y en las horas dedicadas semanalmente.
Ingresos, tiempo de trabajo y diferencias de género
El informe estima un ingreso bruto promedio por hora de US$7.30. En cuanto a la dedicación, los varones trabajan cerca de 20 horas semanales en la plataforma, mientras que las mujeres registran un promedio de 16 horas. Estos números coinciden con la idea de que gran parte de la actividad en la aplicación se realiza en modalidad de trabajo a tiempo parcial, complementando otras fuentes de ingreso en lugar de sustituir un empleo formal.
Trabajo part-time como respuesta a la inestabilidad
Los autores del estudio interpretan que muchas personas optan por conducir en la plataforma como respuesta a periodos de desempleo, recesión o crisis personales. La inmediatez para generar ingresos y la liquidez disponible son atractivos, pero no garantizan la seguridad laboral que ofrece un empleo formal con prestaciones.
Protección social y expectativas
A pesar de la recurrencia al servicio, una minoría de conductores está protegida por mecanismos formales: solo alrededor de un tercio contribuye a una pensión vinculada a su trabajo en la plataforma. Esto revela una brecha entre la flexibilidad valorada por los conductores y la ausencia de elementos como seguros sociales o cotizaciones constantes que sostengan una vejez digna.
En las encuestas, la flexibilidad aparece como la ventaja más destacada: los conductores priorizan la posibilidad de elegir horarios y combinar actividades por encima de la seguridad de un puesto asalariado con prestaciones similares en términos de ingreso. No obstante, ese mismo rasgo—la capacidad para salir y entrar del mercado laboral con rapidez—implica precariedad cuando las redes de apoyo estatal son débiles.
Los autores del BID señalan que, frente a discursos que venden a los conductores como el emblema del futuro del trabajo, en Latinoamérica y el Caribe estos trabajadores pueden ser más bien un espejo del presente: millones ya conviven con ingresos inestables, sistemas de protección insuficientes y la necesidad constante de adaptarse. El estudio plantea preguntas sobre cómo regular y complementar la economía de plataformas para ofrecer estabilidad sin perder la autonomía que valoran los usuarios de estas apps.
En síntesis, el trabajo en plataformas como Uber representa una mezcla de oportunidades y riesgos: acceso rápido a ingresos y autonomía frente a una carencia marcada de protección social y previsión, especialmente en contextos de fragilidad económica. Los datos del BID invitan a diseñar políticas públicas que equilibren esos elementos sin asumir que la flexibilidad por sí sola es suficiente para garantizar condiciones laborales justas.
